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Plazos legales marcan contratación de material para revocación de mandato: IEEPCO

La presidenta del IEEPCO, Elizabeth Sánchez González, en un retrato oficial, en el contexto de la organización del proceso de revocación de mandato.
Foto(s): Cortesía
Alexandra Zolorio

El Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) aseguró que el procedimiento para la adjudicación del contrato para la compra de material electoral rumbo al proceso de revocación de mandato en Oaxaca, se realizó conforme a la ley, bajo criterios técnicos y en atención a los plazos reducidos que marca la normatividad vigente.

En entrevista para NVI Noticias, la consejera presidenta del IEEPCO, Elizabeth Sánchez González, explicó que la adquisición del material y la documentación electoral se llevó a cabo mediante la modalidad de adjudicación directa, figura permitida por el artículo 46, fracciones tercera y quinta, de la Ley de Adquisiciones del Estado, cuando existen causas justificadas como plazos extraordinariamente cortos. Recordó que el Consejo General aprobó la procedencia de la revocación de mandato el pasado 22 de diciembre y que la jornada de opinión está programada para el 25 de enero de 2026, lo que deja solo 30 días para organizar un ejercicio similar a un proceso electoral.

De acuerdo con la Ley de Revocación de Mandato para el Estado de Oaxaca, el material y la documentación electoral deben encontrarse en las bodegas distritales al menos 15 días antes de la jornada, es decir, alrededor del 10 de enero. Bajo ese escenario, un procedimiento de licitación pública —que puede extenderse hasta 29 días— habría hecho imposible cumplir con el calendario legal, sostuvo la funcionaria.

La consejera presidenta precisó que el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto aprobó los acuerdos IEEPCO-CAAS-51/2025 y IEEPCO-CAAS-52/2025 los días 24 y 25 de diciembre, fechas que, aclaró, no son consideradas inhábiles para el Instituto, el cual se mantiene en funciones permanentes durante los procesos electorales. Añadió que dicho Comité, y no la Presidencia del Consejo General, es el órgano responsable de evaluar las propuestas y autorizar las contrataciones.

Respecto a las versiones que señalan que se desechó una oferta 15 por ciento más económica, Sánchez González indicó que el costo no fue el único criterio de evaluación. Explicó que la propuesta con menor precio contemplaba la entrega del material hasta el 19 de enero, fuera del plazo legal, lo que impedía su distribución oportuna a las 2 mil 618 personas funcionarias de casilla. En contraste, la empresa seleccionada se comprometió a entregar el material el 11 de enero, permitiendo cumplir con el calendario electoral aprobado.

Sobre los cuestionamientos en torno a la experiencia y antecedentes del proveedor, la consejera presidenta señaló que se revisó que la empresa contara con experiencia en la elaboración de material electoral y participación en procesos similares, descartando propuestas cuyo giro no correspondía a este tipo de servicios. Además, informó que la Contraloría General del IEEPCO dará seguimiento al cumplimiento de los plazos y a las características técnicas del material contratado.

En relación con presuntas investigaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) contra la titular del organismo, Sánchez González negó que existan observaciones directas en su contra por este procedimiento. Aclaró que, en su caso, las observaciones de auditoría corresponden a contratos firmados por áreas ejecutivas del Instituto y no por la Presidencia del Consejo General, y que cualquier revisión deberá atenderse conforme a la ley.

El IEEPCO subrayó que toda la información relativa a la adjudicación es pública y puede consultarse en su página oficial, donde también se encuentra disponible la sesión del Comité de Adquisiciones, realizada de manera abierta y con la presencia de la Contralora General del Instituto, quien dio fe de la legalidad del procedimiento.

Finalmente, la consejera presidenta hizo un llamado a la ciudadanía a informarse a través de los canales oficiales del Instituto y a participar en el proceso de revocación de mandato, al tratarse —dijo— de un derecho ciudadano consagrado en la Constitución y de un ejercicio democrático inédito en Oaxaca.

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