La Comisión de Vigilancia del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca de la 63 legislatura actuó de forma política, parcial, subjetiva, al analizar las cuentas públicas de 2014, 2015 y 2016, pero sobre todo de 2017, porque a pesar de detectarse irregularidades, se negó a aprobar las cuentas que presentó el ex gobernador Gabino Cué, pero elaboró un dictamen a modo para aprobar la del gobernador Alejandro Murat Hinojosa.
En un poco más de un mes la presidenta de la comisión, diputada perredista Eva Diego Cruz, y sus compañeros priista Laura Vignon Carreño; Gustavo Marín Antonio, del Partido Encuentro Social (PES); el morenista Javier Velásquez Guzmán y el petista Juan Bautista Olivera Guadalupe modificaron sus criterios para justificar dictámenes que coinciden en irregularidades en el ejercicio del gasto.
En el dictamen de la pasada administración, Diego Cruz cuestionó el gasto excesivo, la falta de observancia de los principios rectores de austeridad, racionalidad, eficiencia, eficacia, economía, transparencia, honradez conforme a la Ley Estatal de Presupuesto, a fin de satisfacer los objetivos a los que están destinados.
“No hubo disciplina financiera en las finanzas públicas del estado, derivado de una mala planeación, programación, presupuestación y administración de los recursos estatales”, afirmó.
Sin embargo, 40 días después Diego Cruz volvía a la tribuna de la Cámara de Diputados para justificar las cuentas del gobernador Murat Hinojosa, con similares o peores irregularidades en el gasto.
“Se considera que el Gobierno del Estado Libre y Soberano de Oaxaca cumplió razonablemente durante el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre del 2017, con la aplicación de los recursos públicos respectos a los programas ejecutados, la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de este ejercicio ajustándose a los términos aprobados”.
Sostuvo que la administración pública estatal había dado cumplimiento a los objetivos, estrategias y programas establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo, con sujeción a la transparencia y demás normativas aplicables.
A la diputada perredista Eva Diego Cruz se le olvidó,- ¿en verdad se le olvidó?-, que las tres cuentas públicas del sexenio anterior arrojan observaciones por 35 mil millones de pesos, pero tan solo en el 2017 el gobierno del actual titular del Poder Ejecutivo gastó más de 11 mil millones de pesos de lo autorizado en el rubro de gasto corriente, es decir en pagos al personal y materiales de oficina.
Aunque hay que reconocer que la actitud de complicidad no fue solo de Diego Cruz, a ella se sumaron los coordinadores y diputados de las bancadas de los partidos acción nacional, Juan Mendoza Reyes; y de la revolución democrática, Toribio Sánchez López, así como los legisladores del PUP, PT, PES y PVEM.
