México avanza hacia un nuevo modelo de gestión del agua con la aprobación de la Ley General de Aguas, que sustituirá a la Ley de Aguas Nacionales vigente desde 1992. La reforma fue avalada en lo general por la Cámara de Diputados el 3 de diciembre de 2025 y por el Senado un día después. Sin embargo, aún no entra en vigor, pues falta su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
La nueva legislación coloca en el centro el acceso al agua como un derecho humano y busca recuperar la rectoría del Estado sobre el recurso, al prohibir su mercantilización y fortalecer los mecanismos de control y vigilancia.
Entre los principales cambios se encuentra la prioridad absoluta del uso doméstico y personal del agua, por encima de actividades industriales y agrícolas, en cumplimiento del artículo 4º constitucional. También establece medidas para eliminar el acaparamiento de concesiones y combatir el mercado ilegal de títulos, los cuales deberán regresar a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para su reasignación regulada.
Otro de los ejes centrales es el reconocimiento y protección de los sistemas comunitarios de agua, especialmente en pueblos indígenas y afromexicanos. La ley garantiza su seguridad jurídica y les otorga un marco normativo que respalda su gestión tradicional del recurso.
La reforma también incorpora disposiciones para una gestión responsable y sustentable, con mayor transparencia, participación ciudadana y promoción de una cultura del cuidado del agua. Además, prohíbe nuevas concesiones en zonas con baja disponibilidad del recurso, permitiendo únicamente asignaciones destinadas a garantizar el consumo humano en centros de población.
Aplicación en Oaxaca
Al tratarse de una ley general, su implementación será obligatoria en todo el país, incluido Oaxaca. Para la entidad, la reforma implicará el reconocimiento formal de numerosos sistemas comunitarios que operan en regiones indígenas y rurales, los cuales históricamente han administrado sus propias redes de agua.
Asimismo, Conagua deberá realizar un proceso de revisión y ordenamiento de concesiones, especialmente en aquellas zonas donde se registra estrés hídrico y conflictos por el acceso al agua. La legislación también prevé el impulso a proyectos de infraestructura para fortalecer los servicios públicos de agua potable, alcantarillado y saneamiento, lo que podría traducirse en mayor coordinación y recursos para el estado.
Una vez publicada en el Diario Oficial de la Federación, se establecerán los plazos para que los estados armonicen sus marcos legales y se despliegue el proceso de implementación en todo el territorio nacional.
