A pesar de que Oaxaca ya homologó su sistema anticorrupción con el federal, el Semáforo Anticorrupción que elabora el Instituto Mexicano de la Competitividad (Imco) le asigna un 85 por ciento del nivel de implementación en el monitoreo de sistemas estatales anticorrupción.
La asociación civil precisa que una de las carencias del sistemas estatal anticorrupción es el otorgar facultades al órgano de fiscalización superior del estado, la contraloría general y a los órganos internos de control, según corresponda, para conocer, investigar y sustanciar faltas administrativas graves y no graves. Adicionalmente, sancionar las no graves.
Además observa que en el caso de la definición del régimen de la Procuraduría de Justicia del Estado, inclinándose por una autonomía real del Ejecutivo. Se establecen algunos filtros que involucran al Congreso, pero el Ejecutivo sigue siendo un actor fundamental en su designación o remoción.
Los semáforos anticorrupción son un parámetro de evaluación de la reforma constitucional y la Ley del Sistema Local Anticorrupción (SLA) y su implementación en las entidades del país. Documentan y estudian la calidad de la actividad legislativa en los estados con base en las constituciones locales y las agendas legislativas locales.
En el caso de la implementación de de la ley del sistema local anticorrupción, le asigna 85.48 por ciento, toda vez que en la normatividad estatal no se contempla al Sistema Nacional Anticorrupción, establece un sistema de información demasiado complejo que sólo obstaculiza la tarea de la Plan Nacional de Desarrollo, no contempla la secretaría de control interno, ni directrices para este órgano.
El fiscal
La 63 legislatura del estado eligió en junio al Maestro en Derecho Jorge Emilio Iruegas Álvarez, como fiscal especializado en materia de combate a la corrupción al concluir el cuarto periodo extraordinario del primer año de ejercicio legal.
Durante su comparecencia ante el pleno, Iruegas Álvarez manifestó entonces que su propósito era dirigir, coordinar y establecer las acciones necesarias que materialicen una investigación y persecución penal enfocada a hechos de corrupción, particularmente respecto a aquellos delitos cometidos por servidores públicos de manera profesional, objetiva, imparcial, eficaz, transparente y evaluable.
