Como en la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero, la entonces Procuraduría General de la República (PGR), encabezada por Jesús Murillo Karam, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, utilizó la tortura y la difamación para supuestamente resolver el secuestro de los hermanos Álvarez Benfield, sucedido en enero del 2013, en la ciudad de Oaxaca de Juárez.
En esta otra verdad histórica ficticia, Murillo Karam -encarcelado y procesado por tortura y otros delitos en el caso Ayotzinapa- y el entonces ex fiscal de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestro, perteneciente a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), Gualberto Ramírez Gutiérrez -también apresado por el mismo asunto-, ordenaron y presenciaron la práctica de la tortura a los 13 supuestos autores materiales detenidos, entre ellos, profesores de la Sección 22 del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación (SNTE) y activistas sociales.
De hecho, la detención y el proceso penal de los detenidos, se dio durante las nacientes protestas de la Sección 22 del SNTE y de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE) en contra de la llamada reforma educativa promovida por Peña Nieto.
Uno de los activistas sociales detenidos aquel 17 de mayo de 2013 en inmediaciones de Plaza Oaxaca, fue Leonel Manzano Sosa, después de salir de una reunión con los profesores de la Sección 22 del SNTE, Lauro Atilano Grijalva Villalobos y Mario Olivera Osorio, así como con la también activista Sara Altamirano Ramos y el en ese entonces asesor del Grupo Parlamentario del PRD en el Congreso federal, David Vargas Araujo.
“Al ir saliendo, aparecen agentes de la Policía Federal, unos uniformados y otros vestidos de civil, a él lo suben en una camioneta blanca, a mí me suben en mí propio vehículo, me tapan la cara con una chamarra y cuando llegamos a un lugar, supongo que la sede de la PGR, me ponen una venda grande en los ojos. Desde ese momento comenzó la tortura física y psicológica con golpes y amenazas de muerte, hasta que llegué al COC (Centro de Observación y Clasificación) del Cefereso (Centro Federal de Readaptación Social) de Puente Grande, Jalisco. El principal responsable de la tortura fue el agente del Ministerio Público Federal, Juan Manuel Grimaldo Cruz, por ser quien la ordenó y avaló”, cuenta.
Un día después, todos son trasladados a la Ciudad de México, para ser llevados a la sede de la PGR, donde Grimaldo Cruz los entrega en la SEIDO, al entonces ex fiscal de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestro, Gualberto Ramírez Gutiérrez, pero las cosas no cambiaron porque el trato de los elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), fue hasta peor.
“Fue él quien coordinó el interrogatorio y la tortura. Yo ya estaba lastimado, casi no podía caminar, si me tocaban prácticamente gritaba. Me metían al baño para que las secretarias y demás personal no escucharan. Me daban de golpes con la mano y patadas por todo el cuerpo. Después me sacaban y seguía el interrogatorio, pero como no aceptaba la responsabilidad, me regresaban otra vez al baño para seguir con la tortura”, relata.
Durante la tortura, los perpetradores pretendían que el activista social implicara a personajes de la política de izquierda y del movimiento magisterial y popular. Pero como se rehusó, además de los golpes, recurrieron a la tortura psicológica.
“Está en mi declaración que presenté por tortura, querían que involucrara a otras personas, para poder encarcelar a alguien más. Como me negué vino la tortura psicológica, Gualberto me dijo que me iba a chingar, que mi familia se la iba a llevar la chingada. Incluso, sabía que me hija mayor estudiaba Derecho en la UNAM y dónde estudiaba la otra. Como no cedo, me dice que me va a mandar a un penal culero y no (a la desaparecida Penitenciaría de) Ixcotel. Y lo cumplió”, detalla.
Otro de los detenidos, en ese entonces asesor del Grupo Parlamentario del PRD en el Congreso federal, David Vargas Araujo, fue víctima también de la tortura de la PF y de la AIC para construir la otra supuesta verdad histórica. En su cuenta personal de Twitter y en declaraciones al portal digital SinEmbargo, ofreció información amplia de la presencia de Murillo Karam durante su martirio.
“Después de que me levantan en una camioneta blanca, con puerta corrediza, me llevan a las oficinas de la Policía Federal en Oaxaca. Ahí, luego comenzó la tortura, me golpean, me dan toques eléctricos y me ponen una bolsa de plástico para asfixiarme. Posteriormente, me llevan a la SEIDO en la Ciudad de México, donde sigue la tortura, como tengo un padecimiento cardíaco, me desmayaba a cada rato. Un día, estando esposado de pies y manos, a los pies del agente del Ministerio Público Federal, Andrés Vilchis Retana, desparecido después por un grupo delictivo, llegó Murillo Karam junto con Gualberto y dice ‘a estos de izquierda, hay que tratarlos peor que a los delincuentes. Y a este, hay que empapelarlo (inventar delitos)’”, describe.
En días posteriores, Murillo Karam regresó a la SEIDO para repetir sus amenazas si no admitía ser responsable del secuestro de los hermanos Álvarez Benfield.
“La segunda vez, estaba tirado en el piso del baño, muy golpeado, porque la tortura fue constante. Y me dice ‘a ti no te va a salvar nadie, ya sé que el día de mañana vas a decir que eres preso político, que hicimos un montaje, es lo que hacen los de izquierda. Pero, no importa te vas a ir a un penal’”, refiere.
Libres después de cinco años
Después de cinco años y ocho meses, los 13 detenidos salieron libres del Cefereso de Puente Grande, Jalisco, el 28 de diciembre del 2018, por el desistimiento de la acción penal presentada por la ahora Fiscalía General de la República (FGR), al no existir elementos suficientes para mantener la acusación sobre el delito imputado.
