Luis Ignacio Velásquez
En el 2021 se iniciaron 104 carpetas de investigación por hechos constitutivos de violencia política en razón de género, de ellas 56 carpetas (53.84 por ciento) corresponden a presidentas municipales, 43 a candidatas y 6 a precandidatas, informó la presidenta de la Comisión Permanente de Gobernación y Asuntos Agrarios de la 65 Legislatura, Lizbeth Anaid Concha Ojeda.
Al presentan el dictamen por el cual el Congreso revocó el mandato al regidor de Agricultura, Agua y Panteones del Ayuntamiento de Ayoquezco de Aldama, Zimatlán, en el periodo constitucional 2020-2022, Mauricio Ricardo Ortega Vera, por haberse acreditado plenamente que ejerció violencia política en razón de género, determinada por un órgano jurisdiccional mediante resolución de fecha 5 de febrero del 2021 por los magistrados del pleno del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca (TEEO), señaló que la situación de la violencia política en el estado es grave.
Expresó que Oaxaca se encuentra en los primeros lugares en todos los indicadores, a pesar de que México ha firmado y ratificado progresivamente diversos tratados internacionales de derechos humanos, además de que es el segundo país con los mayores avances en materia de normatividad para atender la violencia política contra las mujeres en razón de género.
Expresó que el contexto sociopolítico del país, la presión internacional y, sobre todo, las alianzas de mujeres en los congresos, es lo que ha impulsado la creación de instrumentos de protección a los derechos de las mujeres.
“En Oaxaca también hemos tenido avances importantes en la materia, tanto en el ámbito sustantivo como en el procedimental, además en esta legislatura se han presentado iniciativas importantes para perfeccionar el andamiaje jurídico; sin embargo, tenemos que pasar a los hechos, a materializar las disposiciones legales. A las mujeres no nos bastan los discursos, tampoco nos satisfacen las buenas intenciones, necesitamos acciones concretas que hagan efectiva la protección de nuestros derechos fundamentales, a una vida libre de violencia y a un ejercicio pleno de nuestros derechos político electorales”.
Dijo que en esta 65 Legislatura mayoritariamente conformada principalmente por mujeres deben hacer patente de que no serán cómplices por acción o por omisión de más ataques a sus derechos, “tenemos las herramientas legales e institucionales para evitar que siga ocurriendo, estamos obligados a desterrar de una vez por todas la violencia que tanto daño hace a la sociedad”.
Sostuvo que la violencia política por razón de género constituye por sí mismo una violación a los derechos fundamentales de las mujeres, pero por la alta incidencia que presenta se ha convertido en un problema que requiere atención prioritaria.
Subrayó que el dictamen por el que se revoca el mandato al regidor de Ayoquezco de Aldama está apegado a la legalidad, “pero el Congreso también debe dejar en claro que no se antepondrán intereses políticos o partidista para proteger a quienes violenten a las mujeres, se trate de quien se trate”.
Las carpetas
104 de investigación por violencia política en razón de género
56 de ellas corresponden a presidentas municipales
43 a candidatas
6 a precandidatas
