Gobiernos locales deberán reintegrar a la administración federal 20 mil 300 millones de pesos, principalmente por no haber sido aplicados a los fines previstos en los programas; además de 6 mil 331 millones de pesos por presuntas faltas administrativas, informó la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, quien subrayó que la corrupción es también “el reflejo de acumular poder, prebendas, privilegios y concesiones de forma ilegítima e inmoral”.
Al inaugurar la 62 Reunión Nacional de Contralores Estados-Federación, señaló que en una dinámica de buenas prácticas, la Secretaría está enlistando a los gobierno estatales que están avanzando en solventar sus observaciones de forma más pulcra y veloz.
“Tenemos ya un top cinco y los estados que están en éste, han mostrado una gran deferencia e interés de sus gobernadores para establecer puentes de comunicación y de trabajo interinstitucional con la función pública”.
Sanciones
En presencia del gobernador Alejandro Murat, el auditor Superior de la Federación David Colmenares, el contralor José Ángel Díaz y el subsecretario de la Función Pública, Roberto Salcedo, así como los contralores de los estados del país, destacó que en los primeros seis meses del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador la Función Pública ha iniciado más de 6 mil 200 procedimientos de responsabilidades administrativas y ha impuesto más de 400 inhabilitaciones que abarcan desde personal operativo hasta directores generales y titulares de empresas productivas del estado.
Además ha aplicado 111 sanciones económicas, que suman 657 millones de pesos y está en trámite una centena más.
“A seis meses de gobierno del presidente López Obrador los logros contra la corrupción ya empiezan a verse. Inhabilitamos a una empresa paradigmática de la corrupción Odebrecht; reabrimos el caso de la Estafa Maestra; impusimos multas resarcitorias millonarias por el caso Fertinal; inhabilitamos por 10 y 15 años a dos de los más altos directivos de Pemex de la pasada administración”.
Además dijo que reactivó la participación de nuestro país en la Alianza por el gobierno abierto, mejoraron y modificaron las disposiciones del Sistema Nacional Anticorrupción respecto a las disposiciones patrimoniales, se han abierto varias investigaciones por probable conflicto de intereses de servidores públicos diversos y representantes de órganos reguladores coordinados y se han substanciado más de 100 expedientes de responsabilidades administrativas y más de 100 expedientes de verificación patrimonial.
Comentó que la corrupción no es un problema de servidores públicos de bajo perfil, llenando sus bolsillos a expensas del ciudadano común, por lo que tampoco su combate tendría que enfocarse en estrategias de reeducación o de transformación cultural, “como si tuviéramos que avergonzarnos del gran brillo de nuestra cultura mexicana que es internacionalmente valorada y reconocida”.
“La corrupción es, en primer lugar, un problema institucional y político que requiere de soluciones igualmente estructurales”.
Fenómeno complejo
Manifestó que durante las pasadas décadas, durante los pasados sexenios, en el anterior régimen, el concepto de corrupción se trivializó y con frecuencia se definió como sinónimo de mordida, soborno, extorsión, de pago oscuro y secreto.
“Hoy sabemos que eso solo era una parte de la historia, la corrupción estuvo siempre ahí frente a nosotros, permitida y hasta incentivada y se llamó privatización, subrogación, simulación, y nos costó no solo miles de millones de pesos y décadas de atraso, sino miles de vidas como los 49 bebés mexicanos de la Guardería ABC”.
Sostuvo que la corrupción es un fenómeno muy complejo que no puede circunscribirse a documentar discretos episodios protagonizados por servidores públicos de bajo nivel que reciben pagos aislados en oscuras ventanillas burocráticas, “no es un tema de dinerito perdido y encontrado, el objetivo final de la corrupción no siempre radica en obtener un beneficio pecunario, en dinero o material, sino también y cada vez de forma más creciente es el reflejo de acumular poder, prebendas, privilegios y concesiones de forma ilegítima e inmoral”.
