La 63 legislatura del estado dio “atole con el dedo” a la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción al supuestamente dotarla de mayor autonomía técnica, financiera y de gestión, cuando en realidad seguirá dependiendo de la Fiscalía General del Estado, al mantenerse incólume su relación por no aprobarse una reforma constitucional.
En la sesión ordinaria, que se prorrogó por más de cuatro horas para supuestamente consensar los alcances de las reformas constitucionales la mayoría de diputados aprobó diversas reformas a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, pero no se sometió a su consideración reformas a la Constitución local en este tema.
De esta manera la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción sigue dependiendo de la fiscalía general y, por tanto, su proyecto de presupuesto deberá ser entregado al Congreso estatal a través de la propia dependencia que encabeza el Rubén Vasconcelos Méndez.
Incluso en la exposición de motivos de la iniciativa, se precisa que resulta necesario que la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción proponga el anteproyecto de presupuesto de egresos de dicha fiscalía al Congreso del estado por conducto del fiscal general, para que él[tab]lo incorpore en el proyecto de presupuesto de egresos de la Fiscalía General del Estado.
La confrontación
Las reformas aprobadas a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado se dan en un contexto de franca confrontación entre el abogado Rubén Vasconcelos Méndez y el titular de la fiscalía anticorrupción, Jorge Emilio Iruegas Álvarez; disputa en la que los legisladores locales tomaron una decisión gatopardista: cambiar las leyes, para que todo siga igual.
Y es que el asunto no es menor, toda vez que a ni a nivel federal o estatal se ha creado hasta ahora dos fiscalías con total independencia y autonomía técnica, financiera y de gestión. Además eso abriría la puerta a las otras siete fiscalías especializadas con las que cuenta la fiscalía general, para exigir un trato igual.
Aunque en un comunicado oficial la legislatura difunda que el Congreso del estado acordó otorgar a la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción autonomía administrativa, técnica, de gestión y decisión para investigar y perseguir los delitos por hechos de corrupción, así como los delitos cometidos por servidores públicos[tab]del estado de Oaxaca, conforme al Sistema Estatal de Combate a la Corrupción.
Pero de la autonomía e independencia financiera, nada. Absolutamente nada.
