Ampliar la extinción de dominio a hechos de corrupción y delitos cometidos por servidores públicos sin duda inhibirá la comisión de actos ilícitos por parte de los funcionarios, sin embargo es necesario fortalecer las instituciones para la aplicación de las normas, coincidieron en afirmar el presidente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, Adán Córdova Trujillo; y el comisionado del Instituto Estatal de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IAIP), Juan Gómez Pérez.
Comentaron que una vez que la Cámara de Diputados declaró la validez constitucional de la reforma que amplía decretar la extinción de dominio sobre los bienes patrimoniales que no acrediten la legítima procedencia de quienes participen en hechos de corrupción, encubrimiento, robo de hidrocarburos y delitos cometidos por servidores públicos, ahora hay que poner atención en su implementación.
“Porque luego a veces muchos debates se quedan a nivel de rediseño de normas y es muy importante, sobre todo pensando en la ciudadanía y los operadores jurídicos, que también se les dé seguimiento a estas modificaciones legales”, expresó Gómez Pérez.
Destacó que es fundamental que a nivel de la ciudadanía se diseñe una especie de observatorio, un espacio que permita seguir la eficacia de la reformas legislativas; construir indicadores, porque éstas siempre son herramientas muy importantes.
Sostuvo que la reforma es importante en el combate a la corrupción, porque en los casos de enriquecimiento ilícito, daño al erario, no se había construido a nivel institucional una vía eficaz para poder resarcir este tipo de daños a la hacienda pública. “Con la reforma se abre una ruta que va a ser interesante sobre todo para garantizar que no haya este tipo de menoscabo al dinero público”.
Por su parte, Adán Córdova Trujillo manifestó que como toda norma, como toda ley, la nueva disposición implica que las instituciones conozcan sus alcances y, segundo, en este caso específico de actos de corrupción, que la norma se aplique y se haga con contundencia.
“Porque, por ejemplo, en el caso del ex gobernador (Javier) Duarte a todos nos sorprendió el número de propiedades que tenía, las obras de arte, el dinero en efectivo, y obviamente este tipo de mecanismos nos ayuda para reclamar la actuación de las instituciones; a veces como sociedad no quedamos satisfechos porque vemos que los recursos siguen en sus manos, entonces algo interesante de esta reforma es el impacto que generará en la sociedad, la aplicación que se haga de la norma”.
Dijo que si la fiscalía especializada logra que estos bienes sean restituidos a la hacienda pública, sin duda, va a tener un buen efecto. “Pero si a pesar de la norma no se aplica, no llegamos a tener contundencia en su aplicación, seguiremos con la misma percepción de que tenemos mucha norma y poca aplicación”.
“En este caso, me parece que sí va a marcar un parteaguas. ¿Por qué? Porque ahora sí tenemos los elementos, antes decíamos que esperábamos éstas reformas para poder corregir, ahora ya tenemos las reformas ¿qué nos hace falta? evidentemente fortalecer a la institución, es decir darle el recurso, el equipo, la gente, porque de otra manera aunque tengamos la norma si la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción no tiene los elementos, recursos, la autonomía que requiere, difícilmente va a tener un buen impacto”.
-¿Si se van a inhibir las prácticas de corrupción en el servicio público?
-¡Por supuesto! Aunque la efectividad que se tenga de esta ley de forma institucional dependerá mucho de los recursos que se asignen a las fiscalía especializada. Sin duda cuando conozcamos el primer asunto, cuando vemos que hay sentencia y que existe una institución que garantiza la aplicación de la ley, sin duda habrá inhibición de los actos de corrupción.
