El fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por el cual valida que la próxima gubernatura en Oaxaca dure sólo dos años constituye un acto de violencia política en razón de género frente a la posibilidad real de que por primera vez la entidad sea gobernada por una mujer.
“Existe una negación para que una mujer pueda ser gobernadora de Oaxaca; no están aceptando lo que por derecho nos corresponde a las mujeres. Esta simulación que están haciendo, refleja un tema de violencia política para las mujeres que están aspirando a gobernar nuestro estado”, señaló Rosario Martínez Miguel, presidenta del Grupo de Estudios Sobre la Mujer Rosario Castellanos (GESMujer).
Para la activista feminista, la participación política de las mujeres en los puestos de gobernanza no se está manifestando de manera clara y verídica en el estado. “Nos están robando los espacios nuevamente, los hombres quieren seguir al poder argumentando alinearse a las elecciones federales”, destacó.
El pasado 2 de diciembre el pleno de la SCJN validó el decreto 1624, por el que se reformó el artículo 25, base A, fracción I, de la Constitución Política del Estado de Oaxaca, en el cual se estableció que las tres elecciones locales (gubernatura, diputaciones locales y ayuntamientos), se celebrarán de manera concurrente con los comicios federales.
De esta manera, por única ocasión, la próxima persona que ocupe el cargo, iniciará su periodo el 1 de diciembre de 2028 y concluirá el 30 de noviembre de 2030, es decir, tendrá una duración excepcional de dos años.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) informó mediante un comunicado el decreto en el que reforma la Constitución Política del Estado de Oaxaca y en la que establece que la entidad tendrá una gubernatura que dure dos años.https://t.co/9m2ajR0PeI > pic.twitter.com/FqJ04yRYIV
— Noticias Oaxaca NVI (@nvinoticiasoax) December 4, 2024
Lo anterior se da en la coyuntura de la posibilidad real de la alternancia de género en el ejecutivo estatal y la primera vez que una mujer llegue a este puesto de elección popular.
Martínez Miguel resaltó que empatar las elecciones locales con las federales no tendría que estar por encima de impulsar el avance de las mujeres en materia política.
“Es una deuda histórica que se tiene con las mujeres. Sería la primera vez que gobierne una mujer ¿por qué limitarla acortando el tiempo? Es un derecho que nos corresponde y tiene que ser visible y ejercido. Nosotras merecemos estar ahí, es urgente que una mujer llegue porque el Estado ha sido omiso a las problemáticas de la violencia que vivimos las mujeres. No han hecho lo que les corresponde. Que nos dejen trabajar a las mujeres”, señaló.
Fue con seis votos a favor que la SCJN rechazó el proyecto presentado por la ministra Margarita Ríos Farjat. Su propuesta buscaba exhortar al Congreso estatal a establecer un período de seis años para la gubernatura o garantizar que, en las elecciones de 2030, solo participaran mujeres.
En su intervención la presidenta Norma Piña Hernández señaló que el decreto cuestionado no vulnera el principio de paridad de género.
"La reducción del período de la gubernatura de seis a dos años, aplicable por única ocasión en 2028, no contraviene en sí mismo el principio constitucional de paridad. La invalidez de la norma no debe basarse en escenarios hipotéticos, inciertos o contingentes. Además, este análisis no se centra en la regulación de la normativa sobre paridad, como ha ocurrido en otros casos”, argumentó.
