A 16 años del asesinato de los activistas Bety Cariño y Jyri Jaakkola, sucedido en San Juan Copala, el Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ) demandó a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México pronunciarse públicamente sobre este caso como ejemplo de la crisis estructural de derechos humanos en el país.
En una declaración, la organización aseguró que los 16 años no han sido suficientes para alcanzar justicia, pero si para evidenciar algo más profundo, el fracaso estructural de las instituciones de justicia en México y la responsabilidad directa del Estado en la reproducción de la impunidad.
Sostuvo que el caso de Bety y Jyri no es únicamente un expediente sin resolver, sino un símbolo de la impunidad institucionalizada, donde la omisión, la negligencia y la complicidad han operado como política de Estado.
Expuso que las instituciones encargadas de procurar y administrar justicia durante estos años no solo han fallado, sino han contribuido a sostener un sistema donde la violencia contra quienes defienden la vida y el territorio no tiene consecuencias.
De esta manera, subrayó que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México necesita pronunciarse sobre el crimen por ser un caso paradigmático de impunidad en México, para visibilizar la responsabilidad del Estado en la perpetuación de este ciclo de impunidad y dar seguimiento a la situación de personas defensoras desaparecidas y asesinadas en México.
