De las observaciones hechas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Auditoría Superior del Estado (ASE), entre los años 2010-2015, aún está pendiente por solventar el uso de 7 mil 353 millones de pesos; reportó la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental (SCTG).
Detalló que se trata de 99 observaciones que siguen en proceso.
Por otro lado, esta dependencia estatal informó que en el primer año de esta administración, detectó el uso irregular de 177 millones 300 mil pesos.
Aseguró que estos casos ya fueron turnados al área de responsabilidades y situación patrimonial de la SCTG.
La Contraloría explicó que estas irregularidades fueron detectadas, tras la fiscalización de 5 mil 44 millones de pesos, que corresponden a recursos federales y estatales; a través de 25 auditorías, de las cuales 15 se encuentran aún en proceso y 10 están concluidas.
Además, expuso, encontró anomalías en el gasto de 2 mil 244 millones de pesos, que corresponden a una muestra de 6 mil 324 millones de pesos, que fueron fiscalizados a través de 63 auditorías que forman parte del Plan Anual de Trabajo (PAT) previsto en el convenio de Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción.
“Estas observaciones se encuentran en proceso para ser solventadas, integrándose los expedientes que fueron remitidos al área de Responsabilidades y Situación Patrimonial para Inicio del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa”, aclaró la Secretaría.
Imponen sanciones por 18.5 mdp
Las sanciones impuestas a ex funcionarios del Gobierno estatal anterior y a servidores públicos de esta administración asciende a 18.5 millones de pesos.
De acuerdo con un documento interno de la Secretaría de la Contraloría , este monto corresponde a 31 sanciones económicas impuestas en este año.
“De éstas, 16 ya firmes y registradas para servidores públicos de la Secretaría de Salud, Secretaría de Finanzas, Secretaría del Trabajo y Secretaría de Seguridad Pública, principalmente”, expone.
Sin embargo, la Contraloría reconoció que solo en 9 casos ha podido concretarse el resarcimiento de los daños, en el desarrollo de los procesos administrativos. No proporcionó el monto económico recuperado.
Señaló que la Secretaría de Finanzas dará seguimiento a la ejecución de estas sanciones impuestas a los funcionarios.
Inhabilitan a 29
La Contraloría reportó que en este año han sido inhabilitados 29 servidores públicos para desempañar cargos o empleos en la administración pública, de los cuales, 17 están en proceso de ejecutarse.
En total, añadió, 336 funcionarios han sido sancionados con diferentes medidas.
De acuerdo con este reporte oficial, en 2017, se duplicaron los procedimientos de responsabilidad administrativa con respecto a los registrados el año pasado.
El Gobierno anterior dejó 238 expedientes abiertos, y esta administración inició otros 634.
“Se ha rebasado la expectativa en cuanto al inicio de procedimientos de responsabilidad administrativa, pues se ha elevado el número de irregularidades detectadas”, expuso la SCTG.
