- Se opusieron al despojo de mil 452 hectáreas de tierras comunales
JUCHITÁN, Oax. – El pasado 30 de octubre se reanudaron las audiencias del juicio oral contra 21 indígenas chontales de la comunidad El Coyul, ubicada en la costa del Istmo de Tehuantepec.
Los indígenas enfrentan graves acusaciones por oponerse al despojo de mil 452 hectáreas de tierras comunales, destinadas al polémico proyecto inmobiliario-turístico “Residencial Punta Faro”.
La segunda audiencia se llevó a cabo el pasado 6 de noviembre, revelando, según organizaciones de derechos humanos y de la sociedad civil, serias contradicciones por parte de la acusación.
Estas organizaciones denuncian un proceso plagado de irregularidades, diseñado para criminalizar la legítima defensa del territorio indígena y favorecer “intereses privados sustentados en actos de corrupción”.
Las mil 452 hectáreas en disputa han sido administradas legal y colectivamente por la comunidad desde 1972, a través de la Sociedad Agrícola y Ganadera El Coyul, siendo el sustento de más de 125 familias.
Sin embargo, desde hace dos décadas, el territorio sufre un hostigamiento jurídico constante por parte de particulares que pretenden despojarlos con documentos presuntamente falsificados y con el respaldo de intereses empresariales y políticos.
Detrás de la estrategia de despojo que las organizaciones firmantes vinculan a la privatización de la costa oaxaqueña, señalan como principales responsables a: Alfredo Manuel Mena Alonso, operador político y apoderado legal de Joel Ricárdez López, quien se presenta como dueño de las tierras e impulsor del Proyecto Residencial Punta Faro, un desarrollo que amenazaría zonas de manglar y ecosistemas de alto valor ecológico. También, Rigoberto Cruz Cartas, líder de la Sociedad Oax S.C., acusado de desplazar por la fuerza a la verdadera Sociedad Agrícola y Ganadera El Coyul en febrero de 2023.
Organizaciones como el Frente Popular Revolucionario (FPR), EDUCA y APIITDTT exigieron a las autoridades de Oaxaca que actúen con imparcialidad y transparencia, advirtiendo que su inacción las convierte en cómplices de este despojo.
Las audiencias continúan en medio de un fuerte rechazo social, que ve este caso como un ejemplo de la judicialización de la lucha por la tierra en el contexto del Corredor Interoceánico y la ofensiva privatizadora en la región.
