La diputada por Morena, Lizzet Arroyo Rodríguez presentó una iniciativa a fin de crear una ley estatal para hacer obligatoria la formación de todos los servidores públicos en materia de género y violencia contra las mujeres en los tres poderes, los órganos descentralizados, desconcentrados y autónomos, a nivel estatal y municipal.
Así como que la negativa a recibir esta formación sea considerada como una falta grave, con responsabilidades administrativas.
En el contexto de Día Internacional de las Mujeres, aseveró que las féminas no están seguras ni en la casa, ello resultado de la mala administración del sexenio anterior, “sí la de Alejandro Murat el que hoy pretende ser el candidato presidencial de este país”.
Informó que, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Oaxaca ocupa el primer lugar en feminicidios, superando al Estado de México y Veracruz.
“Esto porque durante ese sexenio no existieron acciones concretas de prevención de las violencias que vivimos las mujeres, sino por el contrario en esta tribuna dimos testimonio de la política fallida de esa administración”.
Arroyo Rodríguez destacó que en el pasado sexenio se pretendió prevenir los feminicidios con cifras disfrazadas de acciones, sin objetivos, ni metas establecidas, las que de ninguna manera impactaron en la formación de la función pública; por el contrario, de acuerdo con Impunidad Cero, de 2016 a 2021 Oaxaca tiene el ciento por ciento de impunidad en delitos de feminicidio”.
Acompañada de víctimas sobrevivientes de violencia de género, víctimas indirectas de feminicidios, colectivas, organizaciones de la sociedad civil, defensoras y activistas de los derechos humanos, la legisladora aseveró que solo con la formación obligatoria se garantizará que las y los funcionarios públicos de dependencias como la fiscalía, el Poder Judicial, la defensoría de los derechos humanos, defensoría pública, entre otras, consideren los contextos de violencia contra las mujeres, y se reduzca la revictimización que hoy en día afecta a todas las víctimas que acuden al sistema de justicia.
