Ante la intimidación y amenazas registradas en los últimos días, un grupo de organismos civiles y sociales, así como colectivos, demandó la implementación de medidas inmediatas de protección eficaces para salvaguardar la integridad física y psicológica del coordinador general de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (Ucizoni), Carlos Beas Torres y del equipo de trabajo de la organización.
En un pronunciamiento, informó que las agresiones hacia el activista comenzaron el jueves 15 de este mes de enero ante la ráfaga de metralleta disparada en la parte trasera de su domicilio, localizado en Rincón Viejo, Santa María Petapa, región del Istmo de Tehuantepec.
Expuso que dos días después, una persona desconocida fue vista en dos ocasiones afuera de su domicilio y al ser abordado, simuló estar en estado de ebriedad y después se retiró del lugar.
Explicó que dos individuos acudieron posteriormente el martes 20 de este mes de enero a las oficinas de la Ucizoni, identificándose como empleados de la Fiscalía General de la República (FGR), para preguntar por tres personas y entregar una notificación, pero sin acreditar su pertenencia a esa dependencia.
Además, detalló que un grupo de vecinas y vecinos del ejido Mogoñe Viejo, perteneciente a San Juan Guichicovi, dio a conocer haber alcanzado un acuerdo con el Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec (FIT) y de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), para el desestimiento de las denuncias penales presentadas en su contra y en contra de tres integrantes de la Ucizoni.
Ante esta situación, reclamó la implementación inmediata de medidas de protección, integrales y efectivas, para Beas Torres y el equipo de Ucizoni y el cese inmediato de todo acto de hostigamiento, intimidación y vigilancia.
Así como una investigación pronta, seria e imparcial de los hechos denunciados y garantías reales para el ejercicio de la defensa de los derechos humanos y del territorio en el Istmo de Tehuantepec.
