OAXACA DE JUÁREZ, Oaxaca.- El Congreso local deberá entregar copia de los cheques expedidos, montos bancarios y número de transferencias emitidos por la LXII Legislatura a un solicitante de información, que interpuso un recurso de revisión ante el Instituto de Acceso a la Información Publica y Protección de Datos Personales de Oaxaca (IAIP).
El consejero presidente del instituto, Francisco Álvarez Figueroa, señaló que el órgano autónomo consideró fundado el motivo de inconformidad y ordenó la entrega completa de la información, señalando que la información es pública y debe entregarse a costa del sujeto obligado.
“El Congreso deberá cumplir como lo marca la ley en cada uno de los recursos de revisión pendientes durante el periodo de la LXII Legislatura.”
Dijo que el solicitante requirió el número de cheques expedidos, así como el número de transferencias y montos bancarios, la copia de los cheques expedidos y los documentos donde constan las transferencias realizadas a las cuentas bancarias de uno de los legisladores de la pasada Legislatura.
Además, Álvarez Figueroa exhortó a la actual Legislatura a observar los principios de la Alianza por el Parlamento Abierto, “prácticas de parlamento abierto que permitan a los nuevos legisladores avanzar en restablecer la confianza ciudadana en las instituciones, que hoy se encuentra perdida en nuestra sociedad”.
Comentó que actualmente la sociedad demanda congresos transparentes, innovadores que hagan uso de la transparencia proactiva y legislen a favor de la promoción y aprobación de leyes que favorezcan políticas de gobierno abierto en otros poderes y órdenes de gobierno.
Explicó que los principios de parlamento abierto en México fueron establecidos por organizaciones civiles como Transparencia Mexicana, el IMCO y Fundar, órganos garantes y sostienen que las instituciones legislativas en el país deberán garantizar el derecho de acceso a la información, la participación ciudadana y la rendición de cuentas.
Así como transparentar información de la actividad parlamentaria, la información sobre legisladores y servidores públicos, y aquella que conforme un archivo histórico accesible y abierto, que cuenten con mecanismos para evitar conflictos de intereses, entre otras líneas de acción.
Manifestó que el gobierno abierto no es algo voluntario y lo necesitan implementar todas las instituciones del Estado mexicano, para incentivar la participación de la sociedad civil y dar cauce institucional al enojo ciudadano, pues en el momento en que las instituciones se abren, se empieza a construir junto con la sociedad civil las agendas de prioridades y se rompe el círculo vicioso de desconfianza de los ciudadanos en sus autoridades.
