Por Redacción NOTICIAS
La Alianza de los Pueblos por la Justicia Social anunció que intensificará sus acciones de protesta en la ciudad de Oaxaca ante lo que calificaron como indiferencia gubernamental frente a diversas problemáticas que afectan a comunidades indígenas, particularmente en materia de obras públicas, acceso a recursos y procuración de justicia.
Durante un posicionamiento público realizado en el centro de la capital, dirigentes del colectivo señalaron que no han logrado establecer un diálogo formal con autoridades estatales, situación que, afirmaron, ha derivado en un clima de tensión y desconfianza. En ese contexto, exigieron la intervención directa del gobierno para atender conflictos comunitarios y garantizar el respeto a los derechos colectivos.
Los representantes comunitarios responsabilizaron al titular de la Secretaría de Gobierno de presuntas acciones que, dijeron, obstaculizan la autonomía de los pueblos originarios y generan disputas internas relacionadas con el manejo de fondos públicos y la designación de autoridades locales.
Entre los casos expuestos, mencionaron la situación que enfrenta la comunidad de San José Xochiltepec, donde denunciaron intentos de sustituir a la autoridad comunitaria electa mediante prácticas que consideran irregulares. De acuerdo con su versión, la representante elegida por la población no ha sido reconocida oficialmente, lo que ha derivado en actos que identifican como violencia política por razón de género.
Asimismo, señalaron que comunidades pertenecientes al municipio de Santiago Textitlán continúan sin recibir recursos federales que les corresponden, lo que ha limitado la ejecución de proyectos básicos y ha generado inconformidad entre los habitantes.
Los voceros también recordaron que persiste una deuda histórica de justicia relacionada con la masacre ocurrida en Agua Fría en 2002, un hecho violento que dejó decenas de víctimas y que, afirmaron, aún no ha sido plenamente esclarecido ni sancionado.
En la región Mixteca, habitantes de El Ojito Cuauhtémoc denunciaron la existencia de una representación comunitaria que consideran ilegítima, creada hace varios años, y que, según indicaron, ha provocado conflictos territoriales y administrativos.
Por otro lado, autoridades de San Isidro Vista Hermosa alertaron sobre un conflicto agrario con su cabecera municipal que ha provocado episodios de violencia armada y la salida forzada de familias, situación que, acusaron, no ha sido atendida con la urgencia necesaria por las instituciones correspondientes.
Finalmente, comunidades de la región Costa denunciaron presuntas irregularidades en la designación de autoridades auxiliares y la retención de recursos públicos destinados al desarrollo local, por lo que reiteraron su llamado a las autoridades estatales para instalar mesas de trabajo y dar solución a los conflictos que persisten en distintas zonas del estado.
