Luis Ignacio Velásquez
La 65 Legislatura exhortó al titular del Poder Ejecutivo, Alejandro Murat Hinojosa, para que se abstenga de realizar proselitismo en beneficio de determinados partidos políticos y de realizar actos que constituyen infracciones en materia electoral.
Además, solicitó al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, (IEEPCO) que investigue y sancione los hechos suscitados en el evento del Partido Revolucionario Institucional (PRI), realizado el 10 de febrero en el Auditorio Guelaguetza del estado de Oaxaca, a fin de salvaguardar la equidad en la contienda y los principios que rigen el proceso electoral.
Al presentar la proposición con punto de acuerdo que fue aprobada como de urgente y obvia resolución, la legisladora Laura Estrada Mauro manifestó que el punto de acuerdo no sería innecesario si viviéramos en un auténtico Estado de Derecho, con gobernantes comprometidos y sobre todo con gobernantes que respetan las leyes y cumplen con sus obligaciones.
Expresó que, lamentablemente, la realidad nos indica que en Oaxaca se violan las leyes y a nadie del gobierno en turno pareciera importarle. Sin embargo, las y los diputados de Morena, emanados de un partido que busca la transformación democrática en un estado marcado por la corrupción, la simulación y el autoritarismo, tienen un mensaje muy claro: rechazan y denuncian las infracciones al proceso electoral ocurridas el pasado jueves en el evento de Partido Revolucionario Institucional realizado en el auditorio Guelaguetza.
“Aclaramos que somos respetuosos de la vida partidista en nuestro estado, sin embargo, lo que no podemos permitir es que un jefe de estado desatienda sus funciones y peor aún realice declaraciones y acusaciones sumamente graves. La primera, en relación al uso de supuestos logros de gobierno para posicionar la imagen de su partido y con ello romper la equidad en la contienda, una acción prohibida y sancionada por las leyes electorales; y, la segunda, en relación a señalamientos directos y sin pruebas realizadas a integrantes del Ayuntamiento de Juchitán en materia de seguridad, materia en la que cabe resaltar, él es el primer y mayor responsable de proveer seguridad para las y los oaxaqueños”.
Expresó que el hecho de que un jefe de estado, en ejercicio de sus funciones y sin desprenderse del poder público, haya realizado dichos actos no sólo se convierte en una falta en su carácter de autoridad, sino que puso en peligro la paz y la estabilidad del estado, que si hablamos de responsables, son ellos los que tienen casi seis años sin poder cambiar las cosas.
Por su parte, las diputadas priistas Lizett Arroyo Rodríguez y María Luisa Matus Fuentes aseveraron que el Ejecutivo estatal no violó ninguna ley y, además, que en el ejercicio de sus derechos político electorales asistió a la convención estatal del PRI, un evento interno de este instituto político.
