De acuerdo con el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria (DNSP) 2020, elaborado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), los Centros de Reinserción Social (Cereso) de Tehuantepec y Varonil de Tanivet son los que tienen una atención más deficiente con las Personas Privadas de su Libertad (PPL) con una calificación de 5.14 y 5.3, respectivamente de una escala del 0 al 10, donde cero es muy deficiente.
Para hacer este reporte, la CNDH visitó seis centros penitenciarios de Oaxaca, los cuales tuvieron calificaciones entre 5.14 y 6.75 y que coinciden en algunas deficiencias como la falta de garantías para la integridad de las PPL, falta de garantías para una estancia digna, falta de reinserción y falta de atención a grupos con necesidades específicas.
Los Ceresos visitados fueron el Femenil Tanivet que tuvo una calificación de 6.19, Miahuatlán con 6.21, Villa de Etla con 6.47 y Santa María Ixcotel con 6.75, el cual cerró sus puertas en octubre de 2020, mientras que el promedio general del estado fue de 6.01
La CDNH expuso que en el Cereso de Tehuantepec hay una falta de prevención de violaciones a derechos humanos y de atención en caso de detección, insuficiencia de programas para la prevención y atención de incidentes violentos, así como deficiencias en la alimentación.
Asimismo, el documento sugiere prestar atención a temas como la falta de normatividad que rige al centro como reglamentos, manuales, lineamientos y disposiciones aplicables; su difusión y actualización.
Además de insuficiencia de personal de seguridad y custodia, presencia de actividades ilícitas y cobro como son la extorsión y sobornos.
En el caso del Cereso Varonil Tanivet coincide en las observaciones en cuanto a garantizar la integridad de las PPL, a una estancia digna y condiciones de gobernabilidad.
Sin embargo, en el caso de la reinserción social de las PPL, el documento detalla que en ese Cereso es deficiente la integración del expediente técnico-jurídico, además de la separación entre procesados y sentenciados.
También menciona que hay una deficiencia en la atención a adultos mayores, con discapacidad e indígenas, además de una insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y desintoxicación voluntaria.
La CNDH señala que en ambos Ceresos tienen una apropiada atención en el tema de no hacinamiento, atención a personas que viven con VIH/SIDA.
Cabe señalar que el diagnóstico tiene como objetivo general y hacer visible la situación de las personas privadas de su libertad en función del goce, respeto y garantía de sus derechos humanos al interior de los centros penitenciarios del país.
Inexistente, reinserción social en Ceresos
Óscar Jarquín Rodríguez, presidente del Colegio Oaxaqueño de Doctores en Derecho, detalló que el actual sistema que existe en en los centros penitenciarios es complejo, ya que las autoridades encargadas no han hecho el papel correspondiente para que realmente exista una reinserción social y no ponen en práctica los códigos penales y procesales.
Señaló que por ello es importante la participación de expertos para que los centros de reinserción social, ya que las autoridades encargadas sólo han sido operativas.
“Se está observando que las autoridades competentes no han hecho el papel correspondiente para que realmente haya una reinserción social. Antes era readaptación social, ahora es reinserción, que es lo mismo; la aplicación de la justicia no es libre”, manifestó.
El Doctor en Derecho destacó que es importante que las autoridades se reúnan y compartan sus experiencias para cumplir con los códigos penales y procesales.
Asimismo, manifestó que debido a que muchas de las Personas Privadas de la Libertad (PPL) que se encuentran en los centros penitenciarios no tienen sentencia, por lo que existe una sobrepoblación en estos espacios, por lo que se han vuelto muy vulnerables durante la pandemia por la COVID-19, pues están en riesgo de contagios.
Afirmó que lo oportuno y congruente para reducir esta sobrepoblación en los centros penitenciarios sería agilizar los procesos para llegar a una sentencia, pues actualmente las personas pasan mucho tiempo en prisión preventiva para esperar la sentencia.
Óscar Jarquín subrayó que las autoridades judiciales deben comprometerse y enfocarse en revisar los casos y dar soluciones que no perjudiquen a las personas que esperan su sentencia.
Sugirió que para realizar esta acción son importantes los Doctores en Derecho, quienes tienen conocimiento en el Código Nacional de Procedimientos Penales y de las penas que señala el Código penal por cada delito que se ha cometido por las personas.
“Creo que con estas acciones se podrán o reducir las penas o agilizar los procedimientos para que una persona procesada pueda tener la sentencia que le corresponda, pero en el tiempo oportuno”, aseguró.
