El Presidente Nacional del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (index), Luis Aguirre Lang, señaló aquí que no existe temor ante la próxima entrada en vigor de la reforma al Código Fiscal que sanciona la evasión al mismo nivel que la delincuencia organizada.
“Nosotros estamos totalmente de acuerdo que no se permita y se castigue ejemplarmente la defraudación fiscal”, señaló en entrevista.
Sin embargo -subrayó- lo anterior tiene que ir aparejados procedimientos claros, un marco legal pegado al estado de derecho que permita evaluar y generar las garantías constitucionales para que las personas sean consideradas inocentes en tanto no se demuestre lo contrario.
En ese periodo de investigación -destacó- se deben de mantener a salvo sus derechos y garantías “para que no inhiba inversiones y la confianza en el país generando esa detonación de inversiones”, manifestó.
A partir del 1 de enero del próximo año, de acuerdo con una reforma al Código Fiscal que ya fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, la emisión de facturas falsas o que amparen operaciones simuladas, el contrabando, y el omitir total o parcialmente el pago de alguna contribución, se considerará como delincuencia organizada en nuestro país.
Aguirre Lang señaló que mientras haya un procedimiento claro, transparente y eficiente, “no tenemos nada por qué temer”.
Las sanciones para quien cometa aquellos ilícitos fiscales incluyen penas de entre dos y hasta cuarenta años de prisión, siempre y cuando la evasión de impuestos ascienda a por lo menos 7 mil 800 pesos; la persona física, o el representante de la empresa responsable, pueden ser acusados de dos delitos: defraudación fiscal y delincuencia organizada, lo que incrementa de manera significativa las penas de prisión y las multas o sanciones pecuniarias.
Cuando los montos sean inferiores a lo antes mencionado el delito se perseguirá y castigará como siempre se ha hecho en México, sin considerarla como delincuencia organizada.
“El sector privado se ha manifestado en que tenemos que esclarecer ciertos aspectos que están dejados al criterio de la autoridad y esto es delicado. Es importante cerrar esos espacios en donde quepa el criterio de algún funcionario público, sea del orden y del poder que sea porque lo que más importa es garantizar el cumplimiento del estado de derecho y salvaguardar las garantías individuales de las personas y empresas para que no haya más: usted disculpe, nos equivocamos”, planteó.
