El memorándum de entendimiento que firmaron representantes del gobierno del estado, empresarios del ramo eólico y autoridades municipales del Istmo de Tehuantepec para no pagar impuestos municipales es puro “choro”, no sirve para nada porque no tiene efectos jurídicos y ni siquiera es el medio adecuado para obligar a quienes lo suscriben, afirmó el diputado perredista Carol Antonio Altamirano.
Además, denunció que las empresas eólicas no contribuyen al desarrollo de las comunidades istmeñas en las que se han asentado, “por el contrario prefieren comprar a presidentes municipales, comisariados de bienes comunales y coyotes para obtener contratos leoninos, en el que todas las ventajas son para ellos, antes que apoyar a los pueblos”.
El coordinador de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática (PRD), explicó que el memorándum es una figura del derecho internacional, porque en el caso de la Ley de Coordinación Fiscal lo que se estipula son convenios, “entonces aquí lo que se quiere es sorprender a incautos”.
Comentó que las empresas eólicas asentadas en la región hasta ahora no han contribuido a elevar los indicadores de desarrollo humano y los habitantes de los municipios siguen sumidos en la pobreza y marginación. “No se ve que la industria eólica haya impulsado el desarrollo económico de la zona, porque los trabajadores muchas de las veces son extranjeros y la mano de obra que contrata es temporal, con bajos salarios y sin prestaciones laborales”.
Agregó que por el contrario, las empresas eólicas llegaron a dividir a las comunidades, como sucedió en San Dionisio del Mar donde nunca había habido problemas, es más era un municipio priísta y no había oposición, pero llegó la empresa Mareña representada por Jonathan Davis, compraron a la autoridad municipal y el pueblo de confrontó de tal manera que hasta hoy no hay paz en el municipio, ni siquiera se han podido desarrollar las elecciones.
“El problema ahora es que el gobierno estatal enredó todo, porque llevó a los presidentes municipales a suscribir un documento que no tiene efectos legales para nada, pero así es la manera en que operan las empresas eólicas”.
Antonio Altamirano aseveró que lo procedente es que el Congreso reforme la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley de Derechos para establecer las contribuciones de las empresas eólicas en la entidad, pero en la norma debe quedar muy claro que los recursos que capte el estado los devolverá íntegros, a los municipios; y, además, que dichos recursos vayan etiquetados para evitar que exista opacidad en su ejercicio.
“Debe quedar muy claro que los recursos de las empresas eólicas se destinarán a obras y acciones que deben aplicarse en la creación de infraestructura básica para abatir los índices de marginación de las comunidades, porque si llega la lana y no se transparenta va a generar muchos problemas en los municipios”.
Subrayó que en este ejercicio fiscal hay una ley de ingresos municipal vigente que se debe respetar, por lo que de pretender eximir del pago a las empresas deberá plantearse en el proyecto de ley de ingresos 2018 que los municipios presente al Congreso para su aprobación y el PRD no va avalar que se exente del pago de impuestos a estas empresas, porque romperían los principios de la contribución fiscal que establece que los impuestos deben ser generales, equitativo y justos; “si paga el pueblo, deben pagar los empresarios”.
