En el Congreso de Oaxaca, la Glosa del Tercer Informe de Gobierno avanzó esta semana como una radiografía del estado: discursos, cifras, aplausos medidos y reclamos que, aunque envueltos en cortesía institucional, dejaron claro que los pendientes pesan tanto como los logros. Entre el miércoles y jueves, tres comparecencias marcaron el pulso de la agenda pública: medio ambiente, derechos de las mujeres y planeación para el bienestar. Tres temas sensibles que, en Oaxaca, no se miden solo con estadísticas, sino con lo que ocurre en los ríos contaminados, en los basureros a cielo abierto, en las calles donde la violencia de género persiste y en los municipios donde la pobreza sigue siendo una realidad cotidiana.
El miércoles, la comparecencia de la secretaria de Medio Ambiente, Biodiversidad, Energías y Sostenibilidad, Karime Unda Harp, se desarrolló bajo un tono de balance técnico: avances en calidad del aire, manejo de residuos sólidos, saneamiento de ríos, conservación de áreas naturales protegidas, restauración de ecosistemas y transición energética. Desde la tribuna se insistió en la “visión transversal” y en la corresponsabilidad entre municipios, comunidades y sociedad civil. Lo bueno fue el reconocimiento legislativo a acciones puntuales, como la ampliación de los Centros de Verificación Vehicular y el impulso a mecanismos que, según se expuso, han tenido impacto en la zona metropolitana. Incluso se presumió un incremento del 125% en el programa de verificación vehicular, cifra celebrada por la diputada Melina Hernández Sosa (PVEM), quien también resaltó la reducción de tiraderos a cielo abierto y acciones de reforestación.
Sin embargo, el debate ambiental no se quedó en aplausos. La diputada Irma Pineda Santiago (PT) puso el dedo en la llaga: la deforestación, los incendios forestales y la contaminación de cuerpos de agua siguen siendo heridas abiertas que afectan directamente a la biodiversidad y la salud pública. Legisladores del PRI y Movimiento Ciudadano coincidieron en que el gran desafío no está solo en campañas institucionales, sino en contener el problema estructural de los residuos sólidos urbanos y evitar que ríos y playas sigan recibiendo desechos como destino final. En otras palabras: se reconocieron avances, pero también se dejó en el aire una preocupación evidente, que el discurso ambiental avance más rápido que la realidad en territorio.
Ese mismo miércoles, la comparecencia de la secretaria de las Mujeres, Anahí Sarmiento Pérez, cambió el ambiente en el recinto. El tema no permitió eufemismos. En medio de la Glosa, la funcionaria presentó las acciones de prevención, atención y erradicación de la violencia contra mujeres, niñas y adolescentes, destacando el Programa de Atención Integral para el Bienestar de las Mujeres (PAIBIM) 2025 y el proyecto “Mujeres Oaxaqueñas Tejiendo Bienestar”. En el informe se enlistaron herramientas como los Centros LIBRE, la Cartilla de los Derechos de las Mujeres, Tejedoras de la Patria, Abogadas de las Mujeres y la Línea CABI, una estructura institucional que busca acercar la atención a las regiones y comunidades.
Lo positivo fue el reconocimiento de legisladoras de distintos partidos sobre el esfuerzo territorial y el enfoque intercultural, particularmente en comunidades indígenas y afromexicanas. Pero lo malo apareció pronto: la diputada Elisa Zepeda Lagunas advirtió que los indicadores numéricos no bastan si la violencia persiste en comunidades donde la agresión se ha normalizado. Movimiento Ciudadano subrayó temas urgentes como el matrimonio infantil, el sistema de cuidados y el acceso efectivo a la interrupción legal del embarazo. Otras diputadas exigieron claridad sobre violencia digital, municipios beneficiados y presupuesto asignado. Y desde Morena se lanzó un recordatorio contundente: la violencia política contra las mujeres sigue siendo una amenaza directa a la democracia, sobre todo en municipios con Alerta de Violencia de Género. El mensaje fue claro: hay programas, sí, pero la violencia no está cediendo al ritmo que Oaxaca necesita.
El jueves, la comparecencia del Instituto de Planeación para el Bienestar (Inplan), encabezada por Juanita Cruz Cruz, se convirtió en el capítulo de las cifras optimistas. La presidenta de la Jucopo, Tania Caballero Navarro, destacó que la planeación debe servir para traducir el presupuesto en bienestar real y aseguró que en Oaxaca más de 280 mil personas han mejorado sus condiciones de vida, atribuyéndolo a un modelo de gobierno territorial que recorre municipios, escucha comunidades y prioriza inversión pública en regiones históricamente rezagadas. El discurso se centró en la planeación como eje estratégico, ya no centralizado, sino construido desde el territorio y alineado con el Plan Nacional y el Plan Estatal de Desarrollo.
En el balance, lo bueno fue el reconocimiento de que el Inplan ha tenido presencia municipal y acompañamiento a autoridades comunitarias, y que se busca orientar la inversión con criterios de justicia social sin recurrir al endeudamiento, como subrayó el diputado César David Mateos Benítez. Pero lo malo también se dijo: aún no se logra la instalación total de los Consejos de Desarrollo Social Municipal, existen proyectos pendientes en infraestructura y agua, y legisladores advirtieron que el reto más grande será sostener la disminución de pobreza a largo plazo, evitando que los avances sean solo una fotografía temporal. Desde el Congreso se insistió en que el presupuesto debe ejercerse con transparencia y vigilancia, una frase que, en Oaxaca, suele leerse como advertencia política y no solo como formalidad administrativa.
Al cierre de la semana, la Glosa dejó un retrato mixto: un gobierno que presume programas y cifras, y un Congreso que reconoce avances pero no deja pasar los reclamos sobre incendios, basura, contaminación, violencia de género y desigualdad. La política oaxaqueña, al menos en estos días, se movió entre el informe y la realidad, entre el dato y la calle. Porque en Oaxaca, la rendición de cuentas no se mide solo en comparecencias, sino en si el aire se respira mejor, si los ríos vuelven a ser ríos, si las mujeres pueden vivir sin miedo y si el bienestar anunciado realmente llega hasta el último municipio.
