Oaxaca es uno de los seis estados del país en donde las viviendas registraron mayor encarecimiento en el primer semestre de 2024, incluso casi al doble de la inflación registrada al cierre de junio pasado.
Los incrementos registrados en el país estarían relacionados con la demanda de hogares especialmente en zonas con vocación turística y de industria.
El Índice Sociedad Hipotecaria Federal (SHF) de Precios de la Vivienda del Segundo Trimestre del año detallan que para el caso de Oaxaca el alza fue de 11.5 al igual que en Nuevo León y Chiapas. La entidad que encabeza el incremento de precios es Baja California Sur (14.7%), Quintana Roo (12.7%), Baja California (12.6%) y Sonora (12.1%).
El incremento de costoso complica más la situación que vive la entidad en el acceso a vivienda, pues de acuerdo con el informe “Principales retos en el ejercicio del derecho a una vivienda digna y decorosa” del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) afirman que el 77.8 por ciento de su población no tiene este acceso.
La entidad -agrega el informe- también arrastra un rezago de más de 14 millones de viviendas.
El derecho a la vivienda digna -señala el Coneval- implica que la ciudadanía de todos los perfiles económicos y socioculturales tengan la posibilidad de acceder a una vivienda de calidad, bien ubicada, con servicios básicos, con seguridad en su tenencia y que, como asentamiento, atienda estándares éticos de calidad.
En México -apunta- hay un regazo habitacional del 45 por ciento y se identifican desigualdades claras en cuanto a la disponibilidad de equipamiento, infraestructura básica y acceso a servicios.
En los últimos meses se ha puesto en relieve las consecuencias en Oaxaca de la gentrificación y turistificación. Altos costos de servicios y productos, así como el desplazamiento de los habitantes de los barrios tradicionales han de los principales efectos denunciados y expuestos por la ciudadanía.
El encarecimiento de la vivienda ha llevado a que las familias abandonen las zonas céntricas y se desplacen a la periferia en donde el acceso a servicios como transporte urbano, salud, educación y justicia es más difícil.
