El Espacio de Organizaciones de la Sociedad Civil para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (Espacio OSC), donde participa el Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, llamó al Estado mexicano a establecer un plan de acción nacional para la aplicación del artículo 9 del Acuerdo de Escazú, a través de un diálogo con sociedad civil, pueblos originarios y personas defensoras del medio ambiente.
En un pronunciamiento por la conmemoración del Día Nacional de las Personas Defensoras del Medio Ambiente, afirmó que las personas defensoras del medio ambiente son clave para frenar la crisis climática, resistir proyectos destructivos, proteger los recursos naturales y preservar las formas de vida indígenas en armonía con la naturaleza.
Sostuvo que su trabajo es especialmente relevante frente al avance de megaproyectos extractivos, infraestructura impuesta, deforestación, acaparamiento de agua y contaminación generalizada, de los ecosistemas.
Expuso que a este contexto se suma el avance del crimen organizado en múltiples regiones del país, donde ejerce control violento sobre territorios y recursos, para el desarrollo de actividades como la tala ilegal, la minería clandestina, el tráfico de especies, la apropiación de tierras y el despojo violento de comunidades.
Explicó que al menos 84 personas defensoras del medio ambiente han sido asesinadas en posible relación con su labor entre 2016 a la fecha.
Además, detalló que también se han presentado múltiples agresiones, como criminalización y hostigamiento judicial, vigilancia, amenazas, desplazamiento forzado y desapariciones.
A pesar de esto, subrayó que el Estado mexicano ha aprobado marcos normativos, entre ellos, la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, y ha suscrito el Acuerdo de Escazú.
De esta manera, requirió el establecimiento de un plan de acción nacional para la implementación del artículo 9 del Acuerdo de Escazú, de común acuerdo con la sociedad civil, pueblos originarios y personas defensoras del medio ambiente, así como en coordinación con las secretarías de Relaciones Exteriores (SRE), del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y de Gobernación (Segob).
También, demandó el fortalecimiento del Mecanismo Federal de Protección con recursos suficientes, capacidades técnicas, enfoque territorial, colectivo y perspectiva diferencial, para atender de manera diferenciada los riesgos específicos de mujeres defensoras, pueblos indígenas, comunidades afromexicanas y otros grupos vulnerables.
Así como desarrollar estrategias para enfrentar y desarticular el avance del crimen organizado en territorios afectados, protegiendo a las comunidades y personas defensoras, y promover campañas públicas de reconocimiento y sensibilización sobre la labor de las personas defensoras del medio ambiente.
Para saber
El Acuerdo de Escazú es un tratado regional de América Latina y el Caribe que busca garantizar el acceso a la información, la participación pública y la justicia en asuntos ambientales, así como proteger a los defensores de derechos humanos en temas ambientales.
Es el primer acuerdo regional en la materia y el primero en incluir disposiciones específicas sobre la protección de defensores ambientales.
