La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) ha recibido 62 quejas de personas privadas de la libertad en lo que va del año, en su mayoría porque han sido violados sus derechos que tienen en el lugar.
La dependencia señala que han sido 56 las quejas que se han presentado porque sus derechos como personas privadas de la libertad, es decir el derecho a recibir atención médica psicológica y psiquiátrica dentro de la prisión, a no ser torturado, derecho a no ser sometido a tratos crueles inhumanos o degradantes.
Expone que la persona que más ha recibido quejas es el director del Centro Penitenciario Varonil de Tanivet, por la violación a los derechos mencionados.
De acuerdo con el Censo Nacional de Sistema Penitenciario Federal y Estatales 2021, Oaxaca es el tercer estado con más quejas presentadas ante la unidad o área especializada de los centros penitenciarios federales y estatales en cuanto a la protección de derechos humanos.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) la principal problemática existente en los centros penitenciarios del país es la vulneración de los siguientes derechos humanos de las personas privadas de la libertad son el derecho a la reinserción social, el derecho a la salud, derecho a la integridad personal, a permanecer en una estancia digna y el derecho a la seguridad jurídica.
Para la CNDH las problemáticas existentes en los centros penitenciarios del país inciden principalmente en la vulneración de los siguientes derechos humanos de las personas privadas de la libertad que son el derecho a la reinserción social, el derecho a la salud, derecho a la integridad personal, a permanecer en una estancia digna y el derecho a la seguridad jurídica.
Asimismo, afirma que el Sistema Penitenciario Nacional se integra por centros tanto locales como federales y en este sentido las diversas autoridades responsables que son susceptibles de violentar los derechos humanos de las personas en reclusión, pudiendo ser el personal directivo, administrativo y técnico, así como el de seguridad y custodia.
Por ello, recomendó que se establezcan lineamientos claros, sustentados y consecuentes con la realidad, que hagan posible el fortalecimiento de una cultura de la legalidad y respeto a los derechos humanos de las personas privadas de la libertad.
