La exigencia de justicia emprendida por las víctimas de Asunción Nochixtlán no terminará hasta que las investigaciones del caso alcancen a las estructuras más altas del gobierno de Enrique Peña Nieto.
“Desde aquel trágico 19 de junio de 2016, el objetivo es llevar a juicio y que se sancionen a todos los responsables de los hechos”, afirmó el vicepresidente del Comité de Víctimas por Justicia y Verdad 19 de Junio (Covic), Sergio Miguel Luna Cruz.
El representante, padre de Óscar Luna Aguilar -uno de los fallecidos- informó que en este largo caminar, la principal línea propuesta por las víctimas ha sido la investigación de la cadena de mando de los cuerpos policíacos y de los funcionarios de las dependencias gubernamentales, participantes en el operativo.
De este modo –explicó–, el Covic ha logrado que la Fiscalía General de la República (FGR), después de la presentación de juicios de amparo en el Poder Judicial Federal, llame a declarar a exfuncionarios del gobierno de Peña Nieto.
De hecho, destacó que el exsecretario general de Gobierno, Carlos Santiago Carrasco, el exsecretario de Seguridad Pública, Jorge Alberto Ruiz Martínez y el exdelegado del desaparecido Centro de Investigación para la Seguridad Nacional (Cisen), Raúl Salcedo Rosales, actual secretario de Seguridad Pública, ya comparecieron en la FGR.
“Estas comparecencias están encaminadas a conocer la verdad y la forma en que orquestó la masacre”, señaló.
Sin embargo, advirtió que las víctimas y sus abogados se han puesto en alto nivel de riesgo al ser llamados a declarar por la FGR, exfuncionarios de Peña Nieto, entre estos, los extitulares de la Comisión Nacional de Seguridad, de la entonces Policía Federal y de la División de Fuerzas Federales, Renato Sales Heredia, Enrique Galindo Ceballos y Salvador Camacho Aguirre, porque se verán afectados sus intereses.
“Seguramente resultarán perjudicados en la medida en que tuvieron intervención en la toma de decisiones sobre el operativo y el grado de responsabilidad que tenían en la estructura de gobierno”, asentó.
Además, Luna Cruz dijo que el Covic ha reiterado de manera categórica su postura de no aceptar ninguna reparación del daño de los gobiernos federal y estatal, así como tampoco ninguna mediación sin el consentimiento de las víctimas para pactar algún resarcimiento de los perjuicios.
“No lo aceptamos, pues nuestra exigencia seguirá siendo la justicia”, terminó.
