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Urgen rendición de cuentas en Zautla

Foto(s): Cortesía
Octavio Vélez Ascencio

Un grupo de ciudadanas de San Isidro Zautla demandaron al gobierno estatal su intervención para que el exagente de Policía, Magdaleno Arturo Hernández Bautista, deje de desestabilizar la comunidad y rinda cuentas del manejo de recursos financieros.

 

En conferencia de prensa, la portavoz Janeth Margarita Arango Martínez informó que la comunidad revocó en asamblea general el cargo a la ex autoridad municipal el 13 de diciembre de 2020 por prácticas de corrupción cometidas durante su gestión.

 

 

Expuso que la asamblea general tomó esa determinación porque Hernández Bautista, junto con la tesorera María Elena Arango Pérez y el secretario Rodolfo Hernández Niño, no rindieron cuentas de su administración y de la venta de arena del río Atoyac.

 

 

Explicó que una comisión revisora investigó la gestión y halló gastos duplicados, gastos excesivos en gasolina, gastos innecesarios, gastos excesivos en la fiesta patronal y alteración de precios en compras.

 

 

Detalló que la autoridad municipal reportó el ingreso de 478 mil 500 pesos por comercialización de material de construcción, aunque una valoración realizada por un perito topógrafo calculó la entrada en al menos tres millones 438 mil 429 pesos.

 

 

Subrayó que se convocó a asamblea general los días 6 y 13 de diciembre de 2020 para la rendición de cuentas de la administración, pero ninguna autoridad municipal se presentó.

 

 

Dijo que la asamblea general designó a nuevas autoridades el 27 de diciembre.

 

 

Indicó que Hernández Bautista y demás autoridades recurrieron al Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca para promover un juicio y pedir su reinstalación porque supuestamente no fueron convocados y demandaron la anulación de la asamblea general por falta de quórum, a pesar de haber asistido 148 ciudadanos.

 

 

Ante ello, reclamó al gobierno estatal y al TEEO intervenir para que el exagente de Policía rinda cuentas y lo responsabilizó de cualquier agresión a los miembros de la comisión revisora y habitantes de la comunidad, ante las amenazas de muerte y disparos de arma de fuego afuera de sus domicilios.

 

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