Citlalli López Velázquez
Luvia Altamirano Raymundo primero perdió a su hijo, ahora teme perder la vida en medio de la batalla legal por recuperar la guardia y custodia.
“Temo por mi vida, mi cabeza tiene precio quizá no sea por 4 mil pesos, quizá hasta menos porque a él le deben muchos favores”, expresó al señalar que la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) a cargo de Arturo Peimbert Calvo, le retiró las medidas de seguridad pese al riesgo por haber denunciado a su expareja, el juez segundo de distrito, Fidel Gallegos Figueroa.
“Tengo dos meses que no veo a mi hijo, pero llevo prácticamente un año sin él, me la fueron haciendo gradual. Yo no he cometido ningún delito porque es lo primero que dice. No he hecho nada, mi gran pecado fue denunciar la violencia que sufrí, mi violentador es un juez federal. Se mueven muchos intereses, se mueve mucho dinero. Hay mucha gente poderosa detrás”, indicó.
Para dimensionar el poder de Gallegos Figueroa indicó que el diputado local César Mateos, así como el senador José Narro fueron denunciados por haberse pronunciado públicamente respecto de su caso.
“Tal es el poder que tiene Fidel Gallegos que se atrevió a callar al senador Narro. Ahora imagina el miedo que tengo. La fiscalía del estado me quitó las medidas de seguridad. Ya busqué a Peimbert para pedir medidas de protección, me dijo que sí, pero hasta la fecha me dice que no me puede recibir. Si me matan también es un favor para el estado”, destacó.
El pasado fin de semana Altamirano Raymundo, así como Ana Laura Carrasco Ayala e Ileana Acevedo Brena, también víctimas de violencia de género, se manifestaron en le Fuente de las Ocho Regiones para exigir un alto a los feminicidios. En lo que va del año 63 mujeres, adolescentes y niñas han sido asesinadas.
“No podemos permanecer indiferentes porque callarnos es ser cómplices de la violencia contra las mujeres”, indicaron.
Cinco años de litigioIleana Brena, quien es representante en Oaxaca del Frente Nacional contra la Violencia Vicaria, señaló que las madres de familia que están luchando por recuperar la guarda y custodia de sus hijos, quienes están demandando la pensión alimenticia o el reconocimiento de paternidad, enfrentan un alto riesgo de ser víctimas de feminicidio por parte de sus exparejas.
“Es terrible ver como las autoridades no hacen nada y protegen a los agresores. Nosotras tenemos miedo, pero aún así exigimos justicia”.
Ileana Brena lleva cinco años de litigio en los juzgados familiares.
De su lado Ana Laura Carrasco Ayala señaló que desde hace cuatro sexenios ha sido víctima de violencia institucional.
“He vivido persecución política, familiar, institucional sin precedentes. No he conocido otra mujer que haya vivido lo que yo. En 2017 inicié una lucha tremenda sin descanso a raíz del juicio de reconocimiento de paternidad de mi hija Andrea Miranda en contra de Javier Villacaña. Estoy impresionada de la cantidad de funcionarios que se coludieron en todo el proceso de corrupción en nuestro caso”, expuso.
