La suspensión de cirugías en el Hospital Civil Doctor Aurelio Valdivieso, incluyendo las obstétricas, representa un acto violatorio de derechos humanos al poner en riesgo la vida de las mujeres y de las nuevas infancias, afirmó Rosario Martínez Miguel, presidenta del Grupo de Estudios Sobre la Mujer Rosario Castellanos (GESMujer).
“Es un problema grave porque está provocando una interrupción en la atención a la salud de los pacientes. Esto nos habla de una incapacidad de respuesta y de la necesidad de cuestionar: ¿dónde están los recursos públicos?”, destacó la activista.
Martínez Miguel subrayó que la salud es un derecho fundamental que el Estado tiene la obligación de garantizar. La cancelación de cirugías obstétricas afecta gravemente el acceso a servicios esenciales, especialmente para las mujeres, quienes históricamente han enfrentado la negación de sus derechos.
“Muchas mujeres dependen de estos servicios para atender partos complicados, cesáreas u otros procedimientos relacionados con su salud reproductiva. Al cancelarlos, se pone en riesgo la vida de las mujeres y de los bebés”, expresó.
Añadió que esta decisión no es un simple retraso, sino una violación de los derechos fundamentales.
Ante una nueva amenaza de trabajadores sindicalizados de paralizar la atención porque persiste la falta de medicamentos, insumos y equipamiento en el Hospital General Doctor Aurelio Valdivieso, el Gobierno del Estado anunció su privatización. https://t.co/yGkeSAX4Da
— Noticias Oaxaca NVI (@nvinoticiasoax) December 29, 2024
“La salud no se detiene. Las enfermedades y las urgencias obstétricas tampoco pueden esperar. ¿Qué alternativas se están ofreciendo? Ninguna. Esto refuerza la desigualdad y pone a las mujeres en una situación de vulnerabilidad extrema”, denunció.
Ante el argumento de falta de presupuesto, la presidenta de GESMujer señaló que el Estado está obligado a garantizar el acceso a servicios de calidad, independientemente de los problemas financieros.
“¿Dónde están los recursos asignados? ¿Cómo se están utilizando? Es urgente que las autoridades den una respuesta clara y tomen medidas para garantizar la atención médica. La falta de presupuesto no puede justificar una violación de derechos humanos”, sentenció.
La suspensión de estos servicios podría derivar en un aumento de muertes maternas e infantiles, advirtió Martínez Miguel.
“Aunque el embarazo y el parto son procesos naturales, requieren atención profesional para evitar complicaciones. Las mujeres necesitan espacios y personal capacitado que garanticen una atención digna, respetuosa y efectiva”, sostuvo.
Además, cuestionó a dónde podrán recurrir las mujeres que necesiten una cirugía urgente y qué alternativas está ofreciendo el Estado.
“Esto es una emergencia y las autoridades deben actuar de inmediato”, urgió.
El GESMujer hizo un llamado urgente a las autoridades de salud para que garanticen la atención médica efectiva a las mujeres, especialmente en el área de cirugías obstétricas.
“La salud es un tema prioritario que no puede quedar al margen. Exigimos que se amplíen los presupuestos necesarios y se brinden servicios de calidad y calidez. Independientemente de los ajustes administrativos, el Estado sigue siendo responsable de garantizar estos servicios”, señaló.
