La 66 Legislatura estatal, en sesión extraordinaria, declaró procedente la suspensión del Ayuntamiento de San Juan Mazatlán, Mixe, electo para el periodo constitucional del 1 de enero al 31 de diciembre del 2025 y postergó la decisión de suspender al Ayuntamiento de Zapotitlán Palmas, Huajuapan de León, por lo que otorgó un plazo de ocho días a la Comisión de Gobierno y Asuntos Agrarios para presentar un nuevo dictamen.
El 2 de junio del 2025 la síndica municipal electa de San Juan Mazatlán, Emma Yadira Velásquez Miguel solicitó el inicio de desaparición de poderes de este Ayuntamiento, por esta razón el 5 de junio ratificó su escrito inicial en las oficinas del Congreso.
Cabe señalar que después de un largo proceso judicial, la Sala Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió, el 22 de abril del 2025, que era válida la elección de Plácido M.S. como presidente municipal de San Juan Mazatlán, Mixe, pero hasta la fecha en que la síndica solicita la desaparición de poderes no se había podido instalar el Ayuntamiento, por la falta de acuerdos los concejales electos y la detención del presidente municipal electo.
La comisión dictaminadora resolvió también que era viable el inicio del procedimiento de desaparición de poderes de este Ayuntamiento, porque el presidente municipal Plácido M.S. se encuentra recluido en el Centro de Readaptación Social de Tanivet, Tlacolula de Matamoros.
Plácido fue detenido el 30 de octubre del 2024 por elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Oaxaca, quienes ejecutaron una orden de aprehensión en contra del ex munícipe y su esposa por el delito de falsificación de documentos, los cuales habrían sido usados para evadir una imputación por la violación de una menor de edad.
Presuntamente, el exedil estaba imputado por el delito de violación equiparada contra una adolescente. No obstante, en septiembre de 2022, la Fiscalía recibió una carta de desistimiento de la víctima, con la que “se retractaba de los hechos previamente denunciados”.
En el caso de Zapotitlán Palmas, el mismo martes que se presentaría el dictamen de la Comisión de Gobierno y Asuntos Agrarios para la votación del pleno, la presidenta municipal Inés Martínez Reyes denunció la intentona de retirarle el cargo, a pesar de contar con una sentencia del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca (TEEO), que la reconoce como víctima de violencia política en razón de género.
Acompañada de la regidora de Salud, Elodia López Martínez, y otros integrantes de su Cabildo, la edil exigió al Ejecutivo estatal y al Congreso local que cesen las presiones en su contra.
Acusó acciones misóginas de la Secretaría de Gobierno y del Congreso estatal, afirmando que detrás de estos ataques hay intereses económicos que buscan controlar los recursos municipales y despojarla de su cargo. También manifestó temor por su integridad física y vida, así como la de sus regidoras, por lo que pidió a las autoridades estatales protección y acompañamiento urgente.
En este contexto, los diputados consideraron que la suspensión de poderes vulnera los derechos políticos de la presidenta municipal electa y establece un precedente negativo para la participación política de las mujeres indígenas y afromexicanas.
Indicaron que lo anterior implicaría una contradicción con los discursos de género, las acciones en territorio y los pronunciamientos que ha hecho el Poder Legislativo en favor de los derechos de las mujeres.
Por ello, consideraron que este tema requiere de más diálogo, y en consecuencia propusieron que la Comisión Permanente competente se reúna con las personas involucradas, y se priorice el respeto a los derechos colectivos de las comunidades y los derechos políticos de las mujeres indígenas y afromexicanas.
