Luis Ignacio Velásquez
La Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción del estado presenta pocos instrumentos normativos, legales, materiales y humanos para realizar de manera eficiente investigaciones de actos de corrupción, de acuerdo al estudio "Levantemos la Voz de las Fiscalías Anticorrupción", elaborado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y TOJIL.
De acuerdo al análisis, la fiscalía anticorrupción estatal no cuenta con reglamento interior, ni manual de procedimientos; no tienen protocolos y/o manuales de investigación para la preparación de audiencia, de protección a testigos, ni de operaciones encubiertas y entregas vigiladas; ni existen acuerdos emitidos por la fiscalía anticorrupción.
Además, en el 2019 y 2020 no se le asignó presupuesto; los inmuebles y mobiliarios dependen de la Fiscalía General; no existe un software para gestión de procesos; cuentan con 10 ministerios públicos, dos policías de investigación y ocho oficiales ministeriales; acrecen de peritos y analistas; seis ministerios públicos y seis oficiales ministeriales están comisionados temporalmente; y el ministerio público no tiene un registro del plan de investigación.
En esta situación solo una persona ha sido vinculada a proceso de las mil 137 investigaciones iniciadas, de las cuales 560 están en trámite, 1 ha sido judicializadas y ha obtenido una sentencia condenatoria.
El documento subraya que aunque todas las Fiscalía Anticorrupción del país cuentan con fundamento legal y un organigrama, las 29 evaluadas carecen de un protocolo de audiencias, un protocolo de protección a testigos, un protocolo o manual que establezca cómo realizar entregas vigiladas y un protocolo de operaciones encubiertas, conforme a lo establecido en el artículo 251 fracción IX, del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Explica que las entregas vigiladas son aquellas que permiten poner un bien o ganancia de carácter ilícito en circulación para que las autoridades observen hacia dónde son dirigidos y así, sancionar a quienes intervinieron. Por otro lado, en las operaciones encubiertas se hace partícipe a las autoridades para que determinen quién realiza actividades ilícitas. Para que se puedan realizar estos actos de investigación se requiere que el fiscal emita los protocolos que delineen los requisitos, actos y fines mínimos a seguir por parte de las autoridades ejecutoras. Por lo tanto, sin estos instrumentos las herramientas son prácticamente inoperantes.
Añade que detectar e investigar casos de corrupción no solo requiere un marco jurídico externo, sino también de un protocolo de actuación interna que permita detectar y atender cualquier falla, anomalía o riesgo de corrupción dentro de las fiscalías, ya que ninguna institución está exenta de incurrir en prácticas de corrupción. Aunque el protocolo interno de las fiscalías anticorrupción es una herramienta fundamental establecida en el Código Nacional de Procedimientos Penales el cual tiene como función el auxiliar la ejecución de diferentes técnicas de investigación, la gran mayoría de las fiscalías reportaron estar en omisión, pues únicamente Sonora y Durango reportaron contar con estos protocolos.
Panorama
- 1,137 investigaciones iniciadas
- 560 están en trámite
- 1 ha sido judicializadas y ha obtenido una sentencia condenatoria
