En la elaboración y aprobación de la Reforma Constitucional sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos se puso en práctica del principio juarista de con el pueblo todo y sin el pueblo nada, afirmó el director general del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo Regino Montes.
“Antes de un acto legislativo es necesario un proceso de diálogo y de consulta”, aseveró.
En la conmemoración del Día de la Resistencia Indígena, el funcionario sostuvo que el INPI, después de ser creado en el 2018 por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, inició un año después el proceso de diálogo con el desarrollo de 54 foros de consulta en 27 estados y uno más con migrantes indígenas radicados en los Estados Unidos.
Expuso que la institución realizó un ciclo de 62 asambleas regionales en el país durante el 2021, una vez elaborada la propuesta de reforma constitucional.
Por eso, expresó que la iniciativa de reforma constitucional fue aprobada con el apoyo unánime de las Cámaras de Diputados y Senadores, así como con el respaldo de 26 legislaturas locales.
Subrayó que la aprobación de la reforma constitucional no solo es muestra de un consenso entre el gobierno con los pueblos, sino también evidencia el consenso con diversas expresiones políticas e ideológicas.
“Esto representa un esfuerzo colectivo, un esfuerzo donde lo más importante es la voz, el pensamiento y la propuesta de los pueblos y las comunidades”, asentó.
Además, resaltó que la piedra angular y corazón de la reforma es el reconocimiento de los pueblos y de las comunidades como sujetos de derecho público, para permitir el pleno desarrollo de sus formas de gobierno, la asignación de recursos públicos y la concepción de territorio, sobre sus formas de unidad social, económica y cultural, para reconocer a sus autoridades propias de acuerdo con sus sistemas normativos.
No obstante, Regino Montes dijo que aún existen varias tareas por delante, especialmente traducir la reforma a las 70 lenguas indígenas, la creación de leyes secundarias y una Ley General de Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas.
“Es un compromiso que debe desarrollarse en 180 días”, asentó.
A su vez, el rector de la Universidad de las Lenguas Indígenas de México (ULIM), Juan Carlos Reyes Gómez dio a conocer que la institución trabaja en la traducción de la Reforma Constitucional sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, donde se han considerado diferentes criterios para definir las variantes lingüísticas, entre esto, el número de hablantes, el número de escritores y lectores, los ámbitos del uso de la lengua, etcétera.
El funcionario dijo que hasta ahora existe un avance en la traducción a 17 lenguas indígenas, dentro de ellas, Wixárika, Ayuuk, Náhuatl, Rarámuri, Yoreme-nokki, Xi’oi, P’urhepecha, Totonaku, Didxazá, O’dam, Tu’un Savi, Maayat’aan, Ch’ol, Pjiekakjo (Tlahuica), Warihó, Cha’jna’a, y Tojol-ab’al.
“Esto representa un esfuerzo colectivo, un esfuerzo donde lo más importante es la voz, el pensamiento y la propuesta de los pueblos y las comunidades”.
Adelfo Regino Montes, director del INPI
