A más de 13 años de estar encarcelado, organizaciones de la sociedad civil y colectivos del movimiento social demandaron ayer la libertad del defensor del bosque, el indígena zapoteco Pablo López Alavez, reconocido por el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
En rueda de prensa, ofrecida en el zócalo de esta ciudad, el ex preso político Fredy García Ramírez, integrante del Comité de Defensa de Derechos Indígenas (Codedi), afirmó que López Alavez fue detenido el 15 de agosto de 2010 por ser indígena, por luchar contra la deforestación y por defender el bosque y el agua de su comunidad San Isidro Aloapam, región Sierra Norte.
“Un grupo de al menos 15 hombres vestidos de negro, encapuchados y armados lo detuvo con lujo de violencia en las cercanías del río Virgen. Fue golpeado y subido a una camioneta, donde fue mantenido incomunicado por varias horas”, anotó.
Explicó que sus captores nunca se identificaron como policías, ni mostraron alguna orden de aprehensión para ejecutar la detención
“Fue después que le notificaron que estaba acusado de homicidio. Y así empezó un proceso lleno de irregularidades, donde no se han respetado sus derechos como indígena zapoteco, ni se han tomado en cuenta las pruebas aportadas de su inocencia”, aseveró.
A su vez, la defensora de derechos humanos, Beatriz Picazo Pérez subrayó que la criminalización del defensor del bosque sucedió en el gobierno autoritario de Ulises Ruiz Ortiz, responsable de un sinfín de actos de violencia y asesinatos en contra del movimiento social.
“La libertad de Pablo es una deuda pendiente de esa represión priista”, agregó.
Resaltó que 33 organizaciones nacionales e internacionales, expertos y actores internacionales, como la Relatoría Especial de la ONU sobre personas defensoras de derechos humanos y 15 eurodiputados, han exigido la libertad de López Alavez y han reivindicado su lucha con la siembra de cientos de árboles en 10 países del mundo.
Defensa de la tierra y el territorio
Incluso, destacó que el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU, a través de la opinión 23/2017, reconoció la criminalización de López Alavez como represalia a su labor de defensa de la tierra y el territorio.
“Hoy Pablo, es el último beneficiario de estas opiniones que sigue privado de la libertad”, recalcó.
Mientras tanto, el también ex preso político, Damián Gallardo Martínez resaltó que la criminalización del indígena zapoteco ha tenido impactos no solamente para él, sino para toda su familia y su comunidad, así como para quienes defienden la tierra, el territorio y los bienes comunes.
“La familia de Pablo, en particular su esposa Yolanda Pérez Cruz, sigue enfrentando el desplazamiento forzado y ataques constantes por exigir su libertad y levantar la voz por la justicia”, asentó.
Ante esto, requirió a los gobiernos federal y estatal atender la opinión 23/2017 del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias para que sea liberado el defensor del bosque y así terminar con 13 años de arbitrariedades e injusticias cometidas por un gobierno priista.
