Además de otorgar el gobierno federal las concesiones sin respetar el derecho a la consulta y consentimiento previo, libre e informado, al territorio y a la libre determinación de las comunidades, la presencia de las compañías mineras ha provocado graves problemas internos, afirmó el coordinador del Área de Derechos Territoriales de la organización Servicios para una Educación Alternativa (Educa), Neftalí Reyes Méndez.
El activista expuso que las empresas mineras aplican una práctica sistemática para fracturar los tejidos sociales comunitarios y de corrupción de autoridades comunitarias, municipales, estatales y federales, así como de establecimiento de grupos paramilitares o de naturaleza violenta, con el fin de provocar intimidación entre los habitantes y hasta asesinar a sus opositores, como sucedió en San José del Progreso, donde fueron asesinados Bernardo Méndez Vásquez y Bernardo Vásquez Sánchez, dirigentes de la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán (Copuvo).
“Las autoridades mexicanas lejos de reconocer los graves impactos producidos por la actividad minera, promocionan y generan las condiciones sociales, políticas y legislativas para permitir legalmente este patrón de conducta de las empresas, ya que difícilmente se les puede exigir el respeto a los derechos de las comunidades”, señaló.
Además, subrayó que las comunidades desconocen la concesión, su vigencia, su titular, entre otros datos, porque los gobiernos federal y estatal, así como la empresa, proporcionan información discrecional y no dan cuenta de los impactos generados en otros estados, en los ámbitos social, político, ambiental y cultural.
