La presidenta de la República, Claudia Sheinbaun Pardo, envió al Senado de la República un paquete de reformas constitucionales y legales a fin de garantizar la igualdad sustantiva de las mujeres, su derecho a una vida libre de violencia y terminar con la brecha salarial entre hombres y mujeres.
Dijo que como primera Presidenta de México, “nuestra obligación es proteger a las mujeres y que en la Constitución de la República quede establecidos tres elementos fundamentales: uno, la igualdad sustantiva, porque una cosa es la igualdad que tenemos hombres y mujeres ante la ley y, otra cosa, las características especiales que tenemos las mujeres, por eso hablamos de igualdad sustantiva, porque hay que tratar también todos los derechos de las mujeres; entonces queremos que en el artículo 4 de la Constitución quede la igualdad sustantiva y, también, el derecho a una vida libre de violencia, no solo para las mujeres, sino para las y los adolescentes, las y los niños”.
Agregó que además pretende eliminar la brecha salarial entre hombres y mujeres, porque a trabajo igual, salario igual. “De ahí se desprenden una serie de modificaciones a leyes que tienen que ver con la protección de las mujeres mexicanas”.
En su conferencia de prensa mañanera, que ofreció acompañada por las mujeres que integran su gabinete, la secretaría de las mujeres, Citlalli Hernández Mora, puntualizó que las reformas tienen por objetivo garantizar la igualdad sustantiva para las mujeres en la Constitución; y ampliar la obligatoriedad de paridad de género en toda la administración pública federal y estatal para gabinetes de entidades y municipios.
Además, de fortalecer las medidas de protección para las mujeres en materia de violencia digital (Ley Olimpia) y para las leyes que garantizan que el agresor salga de casa; así como garantizar mayor protección para las mujeres frente a la denominada Violencia Vicaria, es decir la violencia ejercida contra las mujeres a través de una tercera persona generalmente por medio de amenazas, condicionamiento y agresiones a través de las y los hijos; y, también para que todas la entidades federativas cuenten con fiscales de investigación de delitos por razón de género.
Asimismo, propone que las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia deberán ajustar sus actuaciones con perspectiva de género; establecer en la Constitución el derecho de todas las personas a una vida libre de violencia; que el Estado mexicano tiene deberes reforzados con las mujeres, es decir, de fortalecer y profundizar su actuación para garantizar una vida libre de violencia; se plantea que las autoridades federales puedan conocer de las medidas de protección que derivan de delitos del fuero común por razones de género; y generar una mayor coordinación y colaboración institucional y entre los tres órdenes de gobierno para crear el Registro Nacional de Medidas de Protección de las Mujeres, Adolescentes, Niñas y Niños.
