Octavio Vélez
Organizaciones sociales presentaron ayer el Informe sobre Violación a Derechos Humanos en Comunidades de Ocotlán, Ejutla y Tlacolula de los Valles Centrales, donde se evidencia la falta de respeto al derecho a la libre determinación, territorio y medio ambiente sano, así como las grandes desigualdades y pobrezas existentes entre el sector minero y las comunidades.
Durante la presentación, efectuada en la Alameda de León, el coordinador general de Servicios para una Educación Alternativa (Educa), Marcos Leyva Madrid dio a conocer que el informe es el resultado de más de una década de organización y defensa comunitaria en los Valles Centrales, frente a la imposición de la Compañía Minera Cuzcatlán, filial de la empresa canadiense Fortuna Silver Mines.
Expuso que la defensa del territorio y la exigencia de respeto al derecho a la libre determinación, territorio y medio ambiente sano han sido una labor titánica para las comunidades organizadas en el Frente No a la Minería por un Futuro de Todas y Todos, ante los intereses económicos de la minera quien tiene concesionadas 80 mil hectáreas en los Valles Centrales desde el año 2002.
Explicó que el informe tiene como propósito demostrar los impactos en los derechos humanos producidos por el proyecto minero “San José” y su expansión “San José II” en las comunidades de los Valles Centrales.
Además, subrayó que construye argumentos jurídicos, principalmente de derecho colectivo para el respeto y garantía de los derechos de los pueblos indígenas, así como interpelar al Estado mexicano sobre la importancia del respeto de los derechos indígenas frente a proyectos de inversión privada.
Para esto, detalló que en el informe se profundiza en las Evaluaciones de Impacto en Derechos Humanos Basadas en la Comunidad (Cohbra), metodología elaborada para hacer efectivos los derechos colectivos de comunidades frente a proyectos de inversión.
De esta manera, destacó que se evidencian las grandes desigualdades y pobreza existentes entre el sector minero y las comunidades afectadas y se describen las dimensiones ambiental, social y financiera de “San José” y su expansión “San José II”, a partir de la información proporcionada por el Estado mexicano y la empresa minera.
Además, observó que se describe la organización de las comunidades, las principales acciones de defensa, así como las implicaciones y afectaciones que ha generado el proyecto “San José”.
Resaltó que el análisis de impacto en los derechos humanos contrasta las principales legislaciones y convenios ratificados por el Estado mexicano frente a los hechos denunciados por las comunidades afectadas.
Leyva Madrid también hizo un llamado urgente a los gobiernos canadiense y mexicano para cancelar el proyecto “San José” y regular la industria minera.
Algunas recomendaciones
Al gobierno de Canadá:
*Instar a las empresas mineras canadienses a que implementen todas las disposiciones del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, las Directrices de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y los principios rectores sobre empresas y derechos humanos de forma inmediata en la totalidad de sus proyectos
A las autoridades federales mexicanas:
*Reconocer constitucionalmente el derecho al territorio y libre determinación de los pueblos y comunidades indígenas del país para garantizar la integridad de los territorios que habitan y su autonomía.
A la Semarnat:
*Negar la autorización de la Manifestación de Impacto Ambiental, Modalidad Regional del proyecto “Actualización de obras y actividades” debido a que el documento presentado por la empresa no considera los impactos sinérgicos, residuales y acumulativos del proyecto.
*Cancelar el proyecto minero “San José” y su expansión “San José II” ya que ha violado sistemáticamente los derechos al territorio, libre determinación y medio ambiente sano de las comunidades que integran el Frente No a la Minería por un Futuro de Todas y Todos.
A las autoridades del gobierno del estado:
*Garantizar una protección efectiva del medio ambiente en los Valles Centrales de Oaxaca, particularmente en Ocotlán, Ejutla y Tlacolula, frente a los intereses privados de compañías mineras.
