El presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño (Canacope) Oaxaca, Emilio Andrés Sánchez González, hizo un llamado al Congreso Local para implementar reformas que aseguren que los funcionarios nombrados en el gabinete permanezcan en sus cargos durante un mínimo de dos años antes de buscar nuevos puestos.
Sánchez González expresó su preocupación por la práctica de utilizar el gabinete como trampolín para lanzarse a otras aspiraciones políticas, lo que a menudo resulta en una falta de continuidad en el trabajo que se viene realizando en las distintas secretarías gubernamentales. Esta discontinuidad puede afectar negativamente a proyectos y programas en curso, así como a acuerdos y convenios establecidos con el sector empresarial.
El pasado lunes 2 de octubre Antonino Morales Toledo, quien fungía como Secretario de Administración y Laura Estrada Mauro, quien era Secretaria de Bienestar del gobierno del estado, presentaron su renuncia a los cargos asumidos hace menos de un año.
Ambos buscan participar en la contienda interna de Morena para elegir a las y los candidatos al Senado de la República.
Solicitar licencias y abandonar los cargos -expuso Sánchez González- deja a las dependencias descabezadas además de distraer responsabilidades administrativas y generar demoras en la cobertura de vacantes.
“Nosotros ya estamos prácticamente sabedores de que muchos están ahorita ya buscando otras aspiraciones, sin embargo, la cuestión administrativa es la que nos preocupan”, expresó.
En busca de una solución, Sánchez González sugirió que la Cámara de Diputados podría considerar la implementación de una iniciativa que prohíba a los funcionarios abandonar sus cargos durante al menos la mitad de un sexenio, lo que ayudaría a prevenir el fenómeno conocido como "chapulineo".
Por otro lado, el presidente de Canacope Oaxaca hizo un llamado a las autoridades a tomar medidas para prevenir y controlar los actos vandálicos que se han producido durante manifestaciones recientes.
“Han afectado gravemente a comercios, bancos y otros negocios locales. Las autoridades a implementar un plan para abordar este tipo de situaciones y proteger los derechos del sector empresarial”.
La preocupación radica en que las manifestaciones, a menudo protagonizadas por estudiantes normalistas y personas ajenas a las instituciones educativas, han resultado en daños a edificios, comercios y propiedades privadas, generando pérdidas económicas significativas. Aunque no se ha estimado el costo total de los daños, el sector empresarial ha sufrido las consecuencias de estos actos.
