El Consejo de Ancianos de Santo Domingo Ixcatlán, demandó al gobierno estatal la integración de un consejo municipal, ante el vacío de autoridad en esa municipalidad de la región Mixteca.
El representante de esa instancia comunitaria, Andrés Martínez Robles informó que ese municipio quedó sin autoridad ante la terminación de funciones como administrador de Vicente Noriega Betanzos, el 31 de diciembre del 2016.
Aparte de esto, observó que ninguna autoridad ha convocado a los habitantes de Santo Domingo Ixcatlán para nombrar a su nueva autoridad municipal.
Subrayó que el saliente administrador y los anteriores han dejado al municipio en una situación de pobreza y marginación, porque no han destinado los recursos para el desarrollo de Santo Domingo Ixcatlán y sus agencias.
“Los administradores municipales han provocado más pobreza en el pueblo porque han hecho mal uso de los recursos públicos. Ni una obra han hecho en favor del pueblo”, asentó.
Mencionó que el municipio se encuentra en gran rezago en salud, alimentación, educación y vivienda, incluso el centro de salud carece de una ambulancia para el traslado de pacientes a Tlaxiaco, la cabecera distrital, o hasta la ciudad de Oaxaca.
Precisó que Santo Domingo Ixcatlán se quedó sin autoridad desde el 7 de agosto 1998, ante la desaparición de poderes decretada por el Congreso del Estado, debido a las violaciones a los derechos humanos.
El representante del Consejo de Ancianos dijo la determinación del Poder Legislativo se fundó en la masacre sucedida el 30 de abril de ese año, donde fueron asesinados, Melesio Martínez Robles, Gustavo Castañeda Martínez e Inocencio Medina Bernabé, opositores al entonces presidente municipal, el priista Freddy Eucario Morales Arias, preso actualmente en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso), número 13 de Mengolí de Morelos.
Frente a esto, demandó la integración del Consejo Municipal, así como la aplicación de una auditoría al último administrador para conocer el destino de los recursos financieros ejercidos y sobre todo, atender las necesidades básicas de Santo Domingo Ixcatlán.
En el 2008, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA) emitió medidas cautelares en favor de 117 habitantes de Santo Domingo Ixcatlán, ante las amenazas de muerte de los priistas a los familiares de las víctimas y demás pobladores.
