Ante la preocupación de ambientalistas, el gobierno de Oaxaca ha aclarado la situación sobre la administración del Área Natural Protegida en la capital del estado. A través de un convenio de coadministración con el municipio de Oaxaca de Juárez, se busca ordenar y dar certeza jurídica a las colonias que, con el paso del tiempo, han invadido parte de esta zona protegida.
Karime Unda Harp, secretaria del Medio Ambiente, Biodiversidad y Energías, informó que el convenio, firmado el 26 de mayo de 2025, se limita a la administración del 31% del polígono total, correspondiente a la zona urbanizada. Esta área incluye 44 colonias reconocidas, de las cuales 14 están en proceso de regularización. La funcionaria enfatizó que esta zona ya no es forestal ni boscosa, sino que es un área urbana consolidada.
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No se otorgarán permisos de construcción ni se expandirá la zona
Unda Harp fue enfática al aclarar que este acuerdo no significa la entrega de permisos para construir. Los únicos trámites que se llevarán a cabo son aquellos rezagados por más de seis años, como la numeración de casas, alineamientos, división de predios y la provisión de servicios municipales esenciales como el agua potable.
Cualquier solicitud de construcción deberá ser aprobada por un comité que se instalará esta misma semana, integrado por el gobierno estatal y municipal, así como por la Secretaría del Medio Ambiente.
"El municipio no va a otorgar estos permisos de manera deliberada, siempre va a ser a través de un consenso del comité", subrayó. La secretaria también aseguró que la prioridad es "encapsular esta zona urbana" y no permitir que se expanda, pues el 69% restante del polígono pertenece exclusivamente al Área Natural Protegida.
Dar orden a un problema de 30 años
Por su parte, Geovany Vázquez Sagrero, consejero jurídico del gobierno del estado, explicó que el problema es de índole social y ha sido ignorado por más de 30 años. "La mancha urbana invadió y creció en el área natural protegida", señaló. El funcionario enfatizó que este gobierno busca "dar la cara a este problema para evitar que la mancha urbana siga creciendo de manera desordenada".
Vázquez Sagrero aclaró que la medida no busca demoler casas ni expropiar propiedades, sino dar orden y certeza jurídica a quienes ya tienen un patrimonio en la zona. "Hoy tenemos decenas o cientos de trámites atorados en el Instituto Catastral e Instituto de la Función Registral. Hay decenas de personas que tienen su patrimonio ahí y que no pueden avanzar con un solo trámite", detalló.
El consejero jurídico defendió el convenio como una forma de equilibrar la conservación del decreto de 1992 con la necesidad de atender una realidad social. A partir de ahora, el ayuntamiento de Oaxaca de Juárez tendrá la facultad de dar números oficiales y certeza legal a los propietarios, mientras que el gobierno estatal se encargará de vigilar que se cumpla con la protección del resto del Área Natural Protegida. Unda Harp informó que esta semana se sostendrán pláticas con asociaciones ambientalistas y colonos para explicar los alcances del acuerdo.
