Por Gerardo Gutiérrez Candiani
Hay distintas formas de pensar en la trascendencia de la captura del dictador Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, así como lo que ha ocurrido en Venezuela en lo que va del siglo y que llevó las cosas hasta este punto. Mucho qué reflexionar sobre el mundo de hoy y el que puede venir, y también lecciones para México.
Estamos ante un hecho de verdadera talla histórica. Para buscar respuestas, pero también para hacernos preguntas importantes.
De entrada, ¿qué significa para el pueblo venezolano, golpeado por la crisis económica, la destrucción institucional y, en general, la ruina que ha dejado un régimen populista que se extendió por 27 años mediante demagogia, concentración de poder, fraude electoral y represión?
Simplemente consideremos que casi 8 millones de venezolanos han salido de su país buscando protección o una vida mejor en esos años, casi el 28% de la población. Una tragedia humanitaria.
Además de miles de casos de tortura, desapariciones forzadas y presos políticos, Maduro tuvo una gestión económica tan desastrosa que, en 13 años de gobierno, su país perdió 60% de su PIB y triplicó la población en pobreza, hasta llegar al 86% de la población. Esto, tras los años de bonanza –y derroche– por altos precios de petróleo que encubrieron el caos económico durante el gobierno de Hugo Chávez.
¿Qué viene para los venezolanos? ¿Un “borrón y cuenta nueva”, con una renovada oportunidad para la democracia? ¿Un plan de transición?
No hay nada claro por ahora. Maduro ya no está, pero el poder sigue en manos de su grupo. En teoría con control de Estados Unidos, bajo amenaza, a lo que al parecer el chavismo se está acomodando, en contradicción con el lenguaje desafiante que utilizaba. En cambio, hay reportes de que la represión contra los ciudadanos se ha intensificado.
Quizá hay un escenario de transición en que, para evitar el caos de un vacío de poder, se permitiría al oficialismo permanecer en el gobierno, condicionado por Estados Unidos. Pero preocupa la exclusión de la oposición, que debería tener un papel en el proceso; en particular, la líder María Corina Machado y Edmundo González, quien ganó las últimas elecciones presidenciales, frustradas por el fraude.
En cuanto a la proyección mundial del suceso, hay que pensar en las repercusiones de la muestra de despliegue de fuerza del gobierno estadounidense en términos de geopolítica y ante el deteriorado orden legal internacional.
Como han señalado analistas y gobiernos, es preocupante que algo que se presentó como acción de índole judicial, de acusación a Maduro con cargos de narcotráfico, se resuelva con abiertas declaraciones de toma de control del país con fines de explotación de su petróleo, sin que siquiera figure un plan de transición para restablecer la democracia.
¿Qué significa esto en el marco de un discurso que ha sido calificado como “Doctrina Monroe 2.0”? Especialmente con las reiteradas declaraciones de buscar el control del Canal de Panamá y comprar Groenlandia, así como intervenciones indirectas en elecciones como las de Argentina y Honduras.
Se presume que Venezuela tiene reservas probadas de petróleo de más de 300 mil millones de barriles, las mayores del mundo, las cuales han sido pésimamente administradas por el chavismo. Pero los venezolanos, casi 29 millones, deben tener la última palabra sobre esto y su gobierno, algo que Maduro les negó.
La detención sorprendió por su rapidez y eficacia, pero ¿qué señales manda a otras potencias en el mundo, como China y Rusia, en cuanto unilateralismo y desdén de la institucionalidad internacional?
En Estados Unidos se tiene claro el momento, de cara a las elecciones federales intermedias del 3 de noviembre. Aparte de que ya el Gobierno de Donald Trump había sido objeto de críticas e incluso demandas judiciales por sus acciones militares de destrucción de embarcaciones que, asegura, transportaban narcóticos, pero sin seguir el debido proceso legal.
La detención de Maduro, a pesar de tratarse de un personaje funesto para su país, puede seguir ese patrón y se da en un contexto de polarización política, sin el explícito respaldo del Congreso.
¿Y México? Lo que ha pasado en Venezuela deja muchas interrogantes sobre nuestra propia actualidad. No sólo por la captura de Maduro en relación a cargos de narcotráfico, con varias menciones a nuestro país en la acusación: sobre todo, por el proceso histórico que condujo al drama venezolano, desde el ascenso al poder de Chávez tras las elecciones de 1998.
Venezuela es un paradigma de cómo movimientos, partidos o personajes que llegan al gobierno con legitimidad democrática, con el respaldo de los votos, una vez en el poder buscan concentrarlo, minando la división de poderes y las instituciones del Estado democrático de derecho.
Los resultados, tarde o temprano, han sido desastrosos, tanto en materia política como económica. El caso venezolano es extremo, pero debe ser aleccionador.
Guardadas las proporciones, México también ha vivido un retroceso democrático desde el 2018, y a éste ha seguido uno de deterioro económico. El auge y –esperemos– caída del populismo antidemocrático que han padecido los venezolanos debe servir como recordatorio sobre dónde está nuestro interés nacional y cuál es el camino viable al desarrollo democrático y económico.
Nuestro país debe defender la legalidad internacional, pero también necesitamos tener claro dónde están nuestros intereses prioritarios y cuáles son los principios que hay que poner por delante.
Máxime si queremos ser una nación respetada y soberana. Hay que fundar esa soberanía en nuestras libertades y progreso, en el apego a principios de verdad, democracia, legalidad y desarrollo. No en demagogia que llevó a Venezuela a la catástrofe política, económica y social.
