Salvaguardar el orden o incendiar la gobernabilidad no es una línea delgada: es una decisión política. Y en Oaxaca, el gobierno estatal parece estar jugando peligrosamente a confundir ambas cosas. Aplicar la fuerza pública en contextos de protesta social no es, por sí mismo, un acto ilegítimo. Lo que lo vuelve políticamente explosivo es el contexto, la intención y, sobre todo, la narrativa que lo acompaña. Cuando el uso de la fuerza sustituye al diálogo, lo que se activa no es el principio de autoridad, sino el reflejo autoritario del poder.
Ese reflejo, en Oaxaca, tiene memoria. El gobierno de Salomón Jara parece ignorar —o minimizar— una lección básica de la política: no toda crítica es traición, ni toda disidencia es conspiración. Desconocer la crítica interna, incluso la que proviene de sus propios cuadros, es síntoma de una visión estrecha de gobernanza. Peor aún: es la antesala del aislamiento político. Ojo: en política, como en la historia, los roles cambian.
Quienes ayer gritaban frente al Palacio hoy despachan desde él. Y allí en sus nuevos escritorios, no todos logran resistir la tentación de parecerse a lo que combatían. Los operadores del populismo local —ese que prometía ser distinto— han optado por una ruta conocida: desinformar, difamar y administrar la percepción pública con cinismo. En Oaxaca, como en buena parte del país, no existe sanción efectiva contra servidores públicos que mienten deliberadamente para moldear la opinión pública. La mentira institucionalizada se ha convertido en herramienta de gobierno.
Y cuando la mentira sustituye a la política, la confianza pública se desploma. Al interior del oficialismo, las cosas tampoco son tersas. El llamado “cuarto de guerra” no es un espacio de unidad estratégica, sino un campo de tensiones soterradas. Morena, lejos de ser un bloque monolítico, es un ensamblaje inestable de militantes históricos, operadores pragmáticos y reciclados de todos los colores políticos. La recomendación de disciplina —no golpear al compañero, cuidar el árbol que da sombra— aplica hacia adentro. Hacia afuera, en cambio, la consigna parece ser otra: contener, disuadir, pero tambien reprimir.
El operativo del 17 de marzo es ilustrativo. El desalojo de organizaciones sociales en la capital oaxaqueña reactivó un viejo fantasma: la criminalización de la protesta. La respuesta del movimiento magisterial no se hizo esperar. La Sección XXII de la CNTE denunció el uso de la fuerza como evidencia de una política represiva, señalando la vulneración del derecho a la libre manifestación y la persistencia de prácticas que, lejos de resolverse, parecen reciclarse bajo nuevos discursos.
Más allá de la retórica sindical —que también tiene sus propios excesos—, lo relevante es el efecto político: cuando un gobierno que se asume popular recurre a la fuerza contra organizaciones sociales, el costo no es solo coyuntural, es simbólico.
Romper una narrativa, un discurso es fácil. Reconstruir lo mal hecho no es sencillo. En este clima de tensión, la gobernabilidad no se fortalece: se vuelve más frágil. Cada operativo mal calculado, cada declaración desinformada, cada conflicto no resuelto se acumula como desgaste político. El desgaste, en política, nunca es neutro. Empieza a trasladarse a la percepción social. Ya vemos señales que no deben subestimarse. En la Ciudad de México —bastión histórico del oficialismo— comienza a crecer un malestar silencioso. Morena ya no es percibido automáticamente como sinónimo de cercanía con el pueblo. La confianza se erosiona, lentamente, pero de forma constante.
Pensar que Oaxaca está aislada de ese fenómeno sería un error estratégico. Reproducir aquí prácticas autoritarias acelera ese desgaste. El problema no es solo cómo se gobierna hoy. Es cómo se llegará a 2027. En dos años, el país entrará en una nueva disputa electoral. Y en ese escenario, cada conflicto social será leído como indicador político. Los actos de represión, como síntoma de desgaste. Los errores de gobernanza, serán argumento de oposición. Si el gobierno estatal insiste en administrar el conflicto mediante la fuerza, en lugar de resolverlo mediante la política, estará construyendo su propio desgaste electoral. Lo más grave del jarismo: estar debilitando la legitimidad de un proyecto que se presentó como alternativa.
La soberbia primaveral suele ser mala consejera, sobre todo cuando se combina con improvisación y exceso de confianza. Los gobiernos que se sienten políticamente blindados suelen cometer errores que terminan pagándose caro. El contexto internacional no ayuda. La prolongación de conflictos en Medio Oriente presiona los mercados energéticos, eleva los costos del petróleo y del gas, y genera efectos inflacionarios que terminan golpeando economías como la mexicana. En ese escenario, los márgenes de maniobra se reducen y la conflictividad social tiende a aumentar.
Gobernar con torpeza en tiempos de presión global es una apuesta de alto riesgo. Pero en Oaxaca parece prevalecer otra lógica: reaccionar antes que entender, contener antes que dialogar, imponer antes que negociar. Está a la vista la jornada magisterial “Miran el temblor, y no se hincan”. La tentación represiva no es solo un error táctico. Es, históricamente, el principio del desgaste político.
Debe corregirse a tiempo, o puede convertirse en el preludio de algo peor: la pérdida de legitimidad… y muy pronto, del poder.
