Oaxaca es una de las entidades federativas que cuenta con todo el entramado institucional del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción; sin embargo, carece de un esquema de combate a la corrupción a nivel municipal, una política de combate a la corrupción y una plataforma digital, señaló el presidente de la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, Adán Córdova Trujillo.
Manifestó que el Sistema Estatal de Combate a la Corrupción ha costado a los ciudadanos alrededor de 80 millones de pesos, pero no se han podido implementar la política anticorrupción que permitiría coordinar a actores sociales y a autoridades de los distintos órdenes de gobierno, a fin de prevenir, investigar y sancionar la corrupción.
En tanto que la plataforma digital es un instrumento de inteligencia que tiene como objetivo eliminar las barreras de información para que los datos públicos sean comparables, accesibles y utilizables a efecto de combatir cualquier acto de corrupción.
El también coordinador del Laboratorio Universitario de Estudios de Transparencia y Combate a la Corrupción de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO), dijo que la política de combate a la corrupción se construyó en el 2019, se aprobó en abril del 2021 y hasta ahora no se ha implementado, por lo que hace falta construir el plan de implementación. “Lo peor es que ni siquiera se ha puesto en práctica y ya se pretende reformar”.
“Me parece que este primer lustro del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción tiene que pasar ya por este matiz de implementación; ya tendríamos que estar esperando el quinto informe que va a dejar el actual presidente, pues para poder ver qué es lo que se tiene que mejorar, porque hasta hoy no hemos podido consolidar los objetivos del sistema y no estamos quedando cortos”.
Anticorrupción en municipios
Subrayó que tampoco se ha podido implementar a nivel municipal el combate a la corrupción y esto también pasa por la implementación de la política, “porque si ya tuviéramos una política en pleno proceso de implementación, pues podríamos ver la interacción que tendrían los órdenes de gobierno municipal”.
Córdova Trujillo comentó que, desde la reforma del 2015, los legisladores federales consideraron la corrupción a nivel municipal la más perjudicial para los ciudadanos, por la forma tan discrecional en la que se toman las decisiones y por la forma unilateral, por la autonomía municipal, por la que se pueden aprobar o dirigir los recursos públicos.
Apuntó que el reto es que las instituciones del sistema anticorrupción sean el ejemplo, sobre todo cuando se habla de fiscalización activa, fiscalización con participación ciudadana, tribunales y justicia abierta, gobierno abierto, buena administración pública; con base en archivos, información pública de calidad y la utilidad de datos abiertos.
