A pesar de que la Ley de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos de Desastres estatal establece, en su artículo 41, que los ayuntamientos deberán destinar por lo menos el tres por ciento de su presupuesto en el cumplimiento de los programas y planes de la materia, así como los recursos destinados a un fondo municipal para la prevención y atención de desastres, priorizando en todo momento la elaboración o actualización del Atlas Municipal de Riesgos, donde ninguna de las 570 municipalidades cumple con esta disposición, lo que coloca a Oaxaca en alta vulnerabilidad ante la presencia de fenómenos naturales, como los huracanes, reconoce el coordinador general de la Coordinación Estatal Protección Civil y Gestión de Riesgos (CEPCyGR), Manuel Maza Sánchez.
“La autoridad municipal es el primer respondedor, de acuerdo al artículo 16 de la ley, ante una emergencia mayor o un desastre; ellos tienen la obligación y mientras no rebase sus capacidades operativas y administrativas no pasada nada, desafortunadamente cuando sucede algo quieren que el gobierno del estado resuelva todo, pero no cuentan con sus planes municipales de contingencia, no hay personal, ni tecnología, para la protección civil”.
Subraya que, incluso, en su gran mayoría los municipios ni siquiera cuentan con un Atlas Municipal de Riesgos, cuando la mayoría del territorio estatal está expuesta a sufrir las consecuencias de fenómenos naturales como huracanes, terremotos, sequía, etcétera.
En entrevista para Noticias, Voz e Imagen de Oaxaca, destaca que hasta el momento se han instalado 282 consejos municipales de protección civil, cuando ya muchas autoridades municipales de partidos políticos y sistemas normativos internos están prácticamente preparando la entrega del cargo.
Comenta que por eso es necesario que las autoridades municipales entrantes entiendan la importancia de observar la Ley de Protección Civil y Gestión de Riesgos, porque muchos de ellos creen que la protección civil no tiene ninguna consecuencia y la dejan en el cajón del olvido. “Ellos piensa: no pasa nada, ya cuando llegue (una catástrofe) inmediatamente hablamos a gobierno o nos quejamos en una oficina más arriba y nos van a responder. No, definitivamente no, ha sido una constante señalar que es necesario que las autoridades municipales tomen en cuenta lo que es la protección civil por todo lo que mandata la ley; si fuera una situación de ocurrencias, estoy de acuerdo, pero aquí hay una ley desde hace mucho tiempo”.
Comenta que, por ejemplo, desde el 2021 el Congreso reformó la ley para que sea obligatorio que todos los municipios sin excepción aporten por lo menos el tres por ciento de su presupuesto anual total para la atención de emergencias, desastres o para que elaboren su atlas de riesgo, pero no se ha hecho. “Pero, además, autoridad, aquí está el atlas de riesgo ¿sabes usarlo?, ¿sabes para qué sirve?, ¿sabes que tienes consecuencias legales si no lo haces? Porque luego agarran a una persona, con todo respeto para quienes están como responsables de protección civil, que no conocen absolutamente nada y que a pesar de que se les capacita no entienden, porque este tema no se aprende de un día para otro”.
Destaca que el atlas de riesgo municipal genera confianza entre los ciudadanos e inversionistas, porque si una persona quiere invertir sus recursos en la municipalidad es importante que sepa que el lugar donde piensa ubicarse no es una zona inundable, que el suelo no está consolidado, que es una zona donde no se presentan caídas súbitas de aguas pluviales, que es una zona sísmica resistente, etcétera. “Nadie va a invertir un peso en una zona donde el atlas de riesgo establece algún tipo de riesgo, ¿para qué?”.
Subraya que, si no se respeta la ley, los municipios van a dedicarse únicamente a la gestión integral del riesgo, porque ni siquiera se preocupan por contratar seguros catastróficos.
“Si invirtieran 20 millones de pesos en un seguro, con los recursos de las Participaciones o en una gestión ante el Congreso federal para asignación de recursos, podrían hacer frente a cualquier contingencia, porque cuando sucede algo quieren que el gobierno del estado les resuelva la situación”.
Añade que en realidad muchas autoridades municipales están más preocupados por comprar vehículos de lujo, que por cumplir con la ley de protección civil y proteger la vida de sus gobernados. “Por ejemplo, Salina Cruz debería ser la ciudad, después de Oaxaca, que debería tener la estación de bomberos más equipada, más grande, con mejor respuesta para la fuga de materiales químicos, explosivos, y la autoridad, bien gracias”.
Maza Sánchez lamenta que, sin embargo, no exista ninguna sanción para las autoridades municipales que incumple con las obligaciones en materia de protección civil y gestión de riesgos. “No hay sanción ni siquiera administrativa”.
Comenta que cuando alguna autoridad municipal solicita su apoyo, les pide que le demuestre que ya tiene formado su consejo municipal de protección civil, que se hizo en tiempo y forma, es decir en el primer mes de su gestión; y las veces que ha sesionado, porque deben ser por lo menos tres veces al año; se les dice eso, se les dan las pautas, se les mandan los formatos, pero ni así”.
Dice que, además, tiene la idea errónea que todavía pueden recibir bienes y recursos del Fonden y ante cualquier contingencia le piden colchonetas, cobertores, despensas, pero no tienen nada.
