En Oaxaca, la defensa del medio ambiente continúa siendo una actividad de alto riesgo. Durante 2025, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) documentó 17 eventos de agresión contra personas defensoras, una cifra que coloca a la entidad entre las de mayor incidencia a nivel nacional y que refleja un escenario persistente de vulnerabilidad para comunidades y activistas.
Las agresiones no se limitan a hechos aislados. Detrás de cada caso hay disputas por el control de recursos naturales, acceso al agua y la protección del territorio, factores que han convertido a diversas regiones del estado en focos de conflicto. En este contexto, dos de los hechos más graves registrados el año pasado fueron los asesinatos de Arnoldo Nicolás Romero, comisario ejidal de Buena Vista en San Juan Guichicovi e integrante de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (Ucizoni), así como de Cristino Castro Perea, defensor de la comunidad chontal de Barra de la Cruz, en Santiago Astata.
Estos casos evidencian un patrón que se repite: quienes encabezan la defensa de sus tierras suelen ser líderes comunitarios, autoridades agrarias o integrantes de organizaciones indígenas, lo que incrementa su exposición a riesgos. Las agresiones abarcan desde amenazas, intimidaciones y campañas de desprestigio, hasta ataques directos que, en los casos más extremos, terminan en homicidios.
El informe del Cemda advierte que la situación en Oaxaca no es aislada, sino parte de una problemática estructural en la que la defensa del medio ambiente se enfrenta a intereses económicos y a la falta de condiciones de seguridad. Sin embargo, la persistencia de estos hechos en el estado subraya la necesidad de atención urgente, especialmente en regiones donde los conflictos socioambientales son más intensos.
Para las comunidades, el costo de proteger su entorno es cada vez más alto. A pesar de ello, continúan organizándose para resguardar sus recursos y su forma de vida, en un contexto donde la exigencia principal sigue siendo la misma: garantías reales de seguridad, prevención de la violencia y acciones efectivas por parte de las autoridades para proteger a quienes defienden el territorio.
