Citlalli López Velázquez
Integrantes de la Patrulla Feminista y madres que luchan contra la violencia económica de los deudores alimentarios morosos, colocaron un tendedero de denuncia frente a las oficinas del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), para demandar, entre otras cosas, que papás incumplidos en el pago de pensión alimentaria no ejerzan cargos en las próximas administraciones de gobierno municipal.
Actualmente hay al menos dos presidentes electos demandados por pensión alimenticia como es Alberto Parrazales en Tapanatepec, y Jairo Hernández en Mariscala de Juárez, quienes podrían asumir el cargo el 1 de enero de 2022, en este sentido solicitaron a la presidenta del IEEPCO, Elizabeth Sánchez González, hacer valer la ley tres de tres contra violentadores, que rigió el proceso pasado.
De igual forma demandaron adecuación en los instrumentos necesarios que garanticen que ningún deudor ni violentador será candidato en las próximas contiendas electorales.
“Tienen la obligación a su vez, de solicitar la información necesaria al Tribunal Superior de Justicia para que una vez que los partidos políticos den a conocer a sus candidatos, sus nombres sean revisados en cada juzgado familiar y desde el orden penal”, señaló Diana Luz Vázquez Ruiz, impulsora de la Ley Sabina.
El tendedero de denuncia colocado en ante el órgano electoral, exhibió a políticos y funcionarios públicos que aspiran a un cargo de elección popular como Casiano Luis Mejía, excandidato del PT a la presidencia municipal de Xoxocotlán, quien, ante la reposición de las elecciones en aquel municipio, pretende repetir como candidato.
Asimismo, colocaron a políticos como Aldo Facio del Partido Acción Nacional (PAN) y Elpidio Altamirano Díaz, a quien en próximos días el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) podría nombrar como su representante ante el órgano electoral local.
“Estos casos no deben quedar impunes, los señores deudores alimentarios no pueden seguir burlando una ley aprobada a nivel federal ni tampoco representar a una ciudadanía cuando no son responsables ni de sus propios hijos e hijas. Las infancias deben estar protegidas y es la obligación del estado garantizar su protección y desarrollo”, señaló.
Recordó que la Ley Tres de Tres que rigió el proceso electoral pasado mandataba que quienes participaran en candidaturas no contaran con antecedentes de denuncia, investigación y/o procesamiento y en su caso no haber sido condenado mediante resolución firma por violencia familiar o doméstica, o cualquier agresión de género en el ámbito privado.
También establecía no contar con antecedentes de denuncia, investigación y/o procesamiento y en su caso no haber sido condenado o sancionado mediante resolución firme por delitos sexuales, contra la libertad sexual o la intimidad corporal.
Y finalmente no estar inscrito o tener registro vigente como persona deudores alimentaria morosa que atente contra las obligaciones alimentarias, salgo que acredite estar al corriente del pago o que cancele su totalidad de la deuda ante las instancias que así correspondan.
“Tienen la obligación de solicitar la información necesaria al Tribunal Superior de Justicia para que una vez que los partidos políticos den a conocer a sus candidatos, sus nombres sean revisados en cada juzgado familiar". Diana Luz Vázquez Ruiz, Impulsora de la Ley Sabina.
