El Congreso del estado reformó la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a fin de que los municipios sean responsables del ejercicio del presupuesto que reciben para proyectos de inversión pública, así como el destino, registro y resguardo del mismo.
El dictamen aprobado señala que, si bien los tres niveles de gobierno rinden cuentas conforme a la normatividad en la materia, las acciones y estrategias que cada uno adopta con el objeto de rendir cuentas son distintas debido a la naturaleza de cada mandato, tal es el caso del municipio que tiene un lugar peculiar en el régimen de rendición de cuentas, debido a que este debe de informar, explicar y justificar sus acciones ante la legislatura local.
Aunque independientemente de las partidas presupuestales federales y estatales que reciben anualmente, también ejecutan recursos públicos estatales a través proyectos de inversión pública, por tal motivo se buscar dotar de certeza jurídica a la autorización de presupuestos para proyectos de inversión pública, que aún no ha sido regulado por la ley estatal y que a nivel federal sí se reconocen, para concretar la delimitación de responsabilidades de los municipios respecto del ejercicio de los recursos estatales que se les trasfieren para la ejecución de proyectos de inversión pública, lo que beneficia al gobierno del estado en la atención de auditorías, procedimientos administrativos y judiciales.
Subraya que es necesario establecer la obligación que tiene el municipio respecto del ejercicio del presupuesto, así como el destino, registro y resguardo de la documentación justificativa y comprobatoria de los recursos públicos que ejecute a través de proyectos de inversión pública, así como la rendición de cuentas por la administración y ejercicio de dichos recursos en los términos que las disposiciones aplicables establezcan. “Sin duda, ello brindará certeza jurídica al gobernado y transparencia, en apego estricto al principio de legalidad”.
Los municipios a los que se les autoricen proyectos de inversión pública, deberán también presentar a la Secretaría de Finanzas la documentación necesaria para reportar la situación financiera y programática de los recursos públicos, para efectos de su seguimiento, evaluación y fiscalización por las autoridades competentes; y acatar las disposiciones en materia de transparencia que deriven del ejercicio de los recursos.
