Citlalli López Velázquez
La exigencia de justicia para Fany Guadalupe de 16 años de edad víctima de feminicidio oculto en suicidio, fue llevada en la máxima tribuna del país.
A través de un punto de acuerdo presentado como de urgente y obvia resolución por la senadora Martha Guerrero Sánchez, se plantea exhortar a la Fiscalía General de Justicia, al gobernador Alejandro Murat Hinojosa y al presidente municipal de San Juan Cotzocón, investigue exhaustivamente el caso y sancione a la o las personas responsables.
En la exposición de motivos, la presidenta de la Comisión Especial de Seguimiento de Feminicidios de Niñas y Adolescentes también hace un llamado para que se proteja la vida e integridad física y moral de los padres y familiares de la adolescente, así como de las integrantes de la colectiva feminista “Red de Mariposa de Mujeres Mixe”, quienes fueron las primeras en denunciar el feminicidio, así como la violencia previa que vivió Fany, madre de una bebé de cuatro meses de edad.
La legisladora morenista señaló que a los 15 años Fany fue madre de familia y tuvo que asumir responsabilidades que no le correspondían para su edad, lo que por sí mismo es un hecho que calificó como terrible.
“Le cercenaron la adolescencia, tenía que atender y asistir a sus suegros, a su marido de 25 años, pero no sólo eso, constantemente había sido víctima de violencia física y moral, golpeada y amenazada, no sólo por quienes la hicieron tomar opiniones y responsabilidades que no correspondían con su edad”, expuso.
Recordó que el agente municipal de El Porvenir municipio de San Juan Cotzocón había sido denunciado por la adolescente y sus familiares de haber ejercido violencia en su contra, incluso recibió de éste golpes y amenazas.
“La gravedad de la situación hizo que los familiares de Fany acudieran ante la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, quien habría emitido medidas cautelares para que se protegiera la identidad física de la adolescente y de su bebé. Todo fue inútil. La madrugada del 26 de septiembre recién pasado, hace tres días, fue sedada la vida de Fany en el interior de la casa donde vivía con sus suegros y esposo”.
Guerrero Sánchez enfatizó que ante este caso se debe actuar de acuerdo a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que en su artículo 26 señala la responsabilidad del estado mexicano en resarcir el daño conforme a los parámetros establecidos en el derecho Internacional de los derechos humanos: Justicia pronta expedita e imparcial, garantizar la prestación de servicios jurídicos, médicos y psicológicos especializados gratuitos para la recuperación de las víctimas indirectas o directas; medidas para prevenir otras violaciones; entre otras.
