Militantes de organizaciones civiles y sociales marcharon ayer en esta ciudad para demandar la liberación del defensor del bosque, el indígena zapoteco de San Isidro Aloápam, Pablo López Alavez, encarcelado desde hace 15 años.
Los manifestantes salieron sobre la calzada Porfirio Díaz, frente a la Fuente de Las Ocho Regiones, para posteriormente avanzar sobre las avenidas Juárez, Morelos y García Vigil, para terminar en el zócalo.
“¡Pablo aguanta, el pueblo se levanta!” y “¡Libertad, libertad, libertad para Pablo López Alavez!”, gritaron los participantes de la protesta.
La organización Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca que acompaña al defensor en su lucha por justicia, y otras organizaciones, así como colectivos de la sociedad civil oaxaqueña fueron quienes convocaron a la movilización.
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“Hoy estoy ocupando las calles de nuestra ciudad en realizar esta manifestación por las injusticias de los funcionarios del gobierno y de nuestro municipio de San Miguel Aloápam, que con puras mentiras fabricaron un expediente acusándome de delitos que nunca cometí, es para intimidar a mi comunidad para dejar de hablar en defensa de la naturaleza, de nuestra madre tierra, que año con año destruye sin importar los daños a los bosques, a los ojos de agua, a los manantiales, a los animales silvestres y demás”, escribió en una carta el defensor del bosque.
En la marcha, Yolanda Pérez Cruz, esposa del defensor del bosque y también originaria de San Isidro Aloápam, denunció la violencia que ha sufrido su familia por el Estado al criminalizar su labor de defensa de los derechos humanos.
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El 15 de agosto de 2010, el defensor de origen zapoteco fue privado de su libertad de manera ilegal al lado del río de su comunidad de origen, donde fue torturado por un grupo de personas armadas. Y desde entonces, él y su familia han recibido amenazas y violaciones a sus derechos humanos.
Recientemente, el 6 de marzo pasado, el Juzgado Primero para la Conclusión de Asuntos Penales Tradicionales de Oaxaca condenó a Pablo López a 30 años de prisión por homicidio calificado, la misma condena que en 2017 había quedado sin efecto por inconsistencias procesales.
