En el acto, la ombudsperson sostuvo que la violencia política constituye una vulneración flagrante a sus derechos humanos, así como una forma de discriminación y de exclusión para silenciar, marginar y eliminar a las mujeres de la vida pública de México y por ende, de la toma de decisiones.
Expuso que esta violencia puede tomar muchas formas, desde el acoso y la intimidación hasta la agresión física y el asesinato, aunque no solo se dirige en contra de las mujeres participantes en campañas a ocupar un cargo público, sino también en contra de quienes ya están en funciones, así como hacia aquellas quienes se atreven a expresar sus opiniones y a participar en movimientos sociales o a exigir sus derechos.
Explicó que este fenómeno, analizado en la DDHPO, a partir de las documentales públicas de las quejosas, evidencia la permisividad de la sociedad hacia la violencia política y envía un mensaje claro de no tener el derecho a participar, a expresar nuestras opiniones o a ocupar cargos públicos.
Subrayó que las conclusiones más relevantes del Informe Especial “Violencia contra las mujeres en el Ejercicio Público” señalan como fundamental tomar como medidas para su prevención y erradicación, el fortalecimiento de las leyes y las políticas para proteger a las mujeres de las diversas violencias, incluyendo la violencia política, la promoción de la participación igualitaria de las mujeres en la política y en la toma de decisiones, educar y sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de la igualdad de género y su derecho a una vida libre de violencia, y apoyar y proteger a las mujeres víctimas de violencia política.
De esta manera, convocó a las personas candidatas en la elección, autoridades, instituciones públicas, academia, medios de comunicación y a la sociedad en general adoptar una postura de Cero Tolerancia ante la violencia política en razón de género contra juzgadoras y candidatas en el Proceso Electoral Extraordinario del (PJF) 2024-2025.
Lara Rodríguez dijo que este pronunciamiento llama a garantizar el respeto a los derechos humanos y a la participación segura y libre de las mujeres, como pilar de una justicia democrática e inclusiva construida para el bienestar de niñas, niños, juventudes, hombres y mujeres de Oaxaca.
