La Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública ha iniciado cabo un total de 46 expedientes de investigaciones sobre posibles actos de corrupción por denuncias públicas de medios de comunicación, informó su titular Leticia Elsa Reyes López.
Destacó que de ellos 34 están en etapa de investigación, 5 han sido turnados a la Dirección de Responsabilidades, 3 han sido declinadas porque no le corresponden a la secretaría y se turnaron a los municipios, y 4 fueron archivados por falta de elementos.
“Estas denuncias se inician cuando se realizan notas periodísticas que refieren a cualquier funcionario de las dependencias y entidades de la administración pública estatal e iniciamos inmediatamente la carpeta de investigación, son 46. Un ejemplo, es el caso de la Secretaría del Trabajo donde se denunció que había nepotismo, quiero comentar que si hoy revisan ya los compañeros presentaron sus renuncias, se llegó hasta la investigación, hubo únicamente, de todos los que se mencionaron, dos, que sí eran familiares”.
Reyes López destacó que cuando recibieron la Dirección de Quejas, Denuncias e Investigación les entregaron más de 6 mil expedientes que jamás fueron trabajados, “lo que nos implica un rezago terrible, porque somos muy pocos y para realizar una investigación se revisan muchos procesos”.
Además, comentó que en el caso de Comunicación Social se difundió una nota que revisaron, pero el proveedor realmente existe. “Desafortunadamente, a veces, solamente se busca por Google, pero nosotros vamos a visitar a los proveedores; hemos evitado, de alguna manera, contrataciones porque desafortunadamente los proveedores que nos presentan a las empresas hay que verificar si existe, si está localizable, si tiene la capacidad técnica y económica”.
Dijo que en el sexenio anterior la contraloría solo realizaba de 3 a 9 auditorías, pero en el ejercicio 2023 que corresponde a la actual administración gubernamental, se realizaron 20 auditorías, entre las que se destacan las correspondientes al decreto 809, mediante el cual el Congreso del estado autorizó al gobernador Alejandro Murat Hinojosa contratar deuda pública hasta por 3 mil 500 millones de pesos para la realización de obra pública.
Agregó que de este total 14 auditorías tienen observaciones monetarias de las dependencias: Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones (SIC), Secretaría de Finanzas (Sefin), Caminos Bienestar (Cabien), el Instituto Oaxaqueño del Emprendedor y de la Competitividad (IODEMC), Instituto del Patrimonio Cultural (INPAC), Comisión Estatal del Agua para el Bienestar (Ceabien), el Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcatarillado (Soapa), Secretaría de Salud, Secretaría de Movilidad (Semovi), Secretaría de Administración, DIF Oaxaca, Dirección del Registro Civil, Instituto Catastral del Estado de Oaxaca (Iceo), Instituto de la Función Registral del Estado de Oaxaca (Ifreo) y la Dirección de Notarías.
Además, que en las 20 auditorías se ha dado vista a la Dirección de Quejas, Denuncias e Investigación, de la misma secretaría.
Manifestó que en la revisión de la Cuenta Pública 2023 también se audita a 20 dependencia del gobierno estatal, de las cuales 16 se encuentran en proceso de ejecución y 3 cuentan ya con informe de resultados: la del Instituto del Patrimonio Cultutal (INPAC), la Secretaría de Administración y la Secretaría de Turismo (Sectur).
